El texto que está en la Cámara Alta en definitiva pretende introducir modificaciones a los artículos 8 y 14 de la Ley Nº 6.599 de Plaguicidas que se encuentra vigente, al tiempo que incorpora el artículo 15 bis referido a la utilización de agrotóxicos en el territorio provincial.
Si bien, al decir del legislador, “es una ley sumamente delicada”, durante su visita a Paraná el especialista en embriología e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Andrés Carrasco, en diálogo con RecintoNet reconoció que “hace falta una decisión política, dejar de negar que hay un problema. Cuando ocurra esto, después habrá que actuar en consecuencia”.
Entre los argumentos esgrimidos a la hora de explicar la prolongación del dictamen de comisión, se menciona el buscar dialogar con todos los sectores involucrados en la temática, para relevar las opiniones y volcarlas al texto normativo. “No se habla de las consecuencias de este modo de producción”, advirtió Carrasco
“Esto es un problema de soberanía nacional. El modelo no es solamente devastador y saqueador de la naturaleza. El modelo, es un modelo de control, porque si cuatro compañías van a controlar el 80 por ciento de las semillas, serán en fin quienes decidan quien comerá, que comerá y como lo hará. Así este problema de soberanía nacional, pasa también al de soberanía alimentaria”, plasmó el investigador Andrés Carrasco durante la charla que dio en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
Previo a la disertación, manifestó a RecintoNet: “El tema es ver cómo salir de un modo de producción donde se produce 20 millones de hectáreas con un cultivo, donde se tiran 250 millones de litros de agroquímicos, en un territorio donde están incrustadas 10 millones de personas – y esto no contempla ni Bolivia, ni Paraguay, ni Brasil ni Uruguay. Nos han instalado un modo de producción y una forma tecnológica para ese fin”.
El profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aclaró que el estudio donde confirmó el efecto letal del glifosato en embriones, “no viene a legitimar” un reclamo de los sectores que sufren directamente las consecuencias. Más bien “lo acompaña”. Enfatizó que “este estudio no salió de una noche de delirio” si no que comenzó a ver los distintos núcleos de resistencia que se iban conformando contra las fumigaciones con agroquímicos.
En ese contexto, apuntó: “No creo que haya un saber más importante que otro saber, y creo que la experiencia que viene de los pueblos, de las comunidades donde estas cosas se usan, marca una luz roja que hay que atender”. Luego, ejemplificó: “Yo no pongo la ciencia delante de la realidad, porque cuando hay un incendio yo llamo a los bomberos; no llamo a un técnico para determinar las causas porque después me preocupa apagarlo”. Y aseguró que la luz de alerta está plantada en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos.
“No soy quién para decir qué debe hacer la gente, ya están ellos juntándose, discutiendo, creando espacios de debate y viendo en todo caso cómo ir enfrentando cada uno este problema en la comunidad en la que vive”, señaló respecto a cómo debería enfrentar la situación la ciudadanía. Pero sostuvo: “Obviamente no es el ideal, porque no hay una presencia del Estado que recoja eso y lo ordene y dé las respuestas. Los lugares de resistencia cuando la gente ve lo que sucede es la autoorganización”.
Un cambio en la metodología de clasificación
Otra voz que se sumó a los reclamos sobre esta temática fue la Defensoría del Pueblo de la Nación, quien recomendó a la Secretaría de Agricultura que modifique la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los agroquímicos.
Así, el organismo ciudadano aconsejó tener en cuenta “los daños a la salud que el producto pueda ocasionar (letal y subletal, agudo y crónico)” que la norma que actualmente regula la clasificación de los agroquímicos, no considera en su metodología; al tiempo que pidió que, hasta que se realice esa clasificación, los agroquímicos aprobados que no tengan evaluado el grado de su toxicidad sean clasificados como “sumamente peligrosos, muy tóxicos”.
Además, solicitó que la clasificación de los agroquímicos según su toxicidad sea realizada por “entidades independientes”, o sea, que no sean hechas por las mismas empresas productoras de los agroquímicos.
Según la resolución Nº147/10 de la Defensoría, su actuación respondió a “más de 2.700 firmas de ciudadanas y ciudadanos de distintos puntos del país”, que “manifiestan su rechazo por los daños a la salud que generan o pueden generar los agroquímicos fumigados”. Y destaca que los reclamos tienen que ver sobre todo con la presencia de ” mayores porcentajes de niños nacidos con malformaciones congénitas y abortos espontáneos asociados a las aplicaciones de agroquímicos en las provincias de Misiones y Chaco”, además de una simultánea ” degradación de la capacidad productiva del suelo, contaminación del aire y envenenamiento de los cursos de agua, en zonas tabacaleras y arroceras”.
La mayoría de los reclamos también hace mención a la “aplicación aérea de agroquímicos, práctica que por estar los cultivos tan cercanos a los barrios y a las rutas, terminan rociando con sustancias tóxicas a los vecinos y viajantes”.
