Massera estuvo preso por crímenes de lesa humanidad entre 1985 y 1990, cuando se promulgó la Ley de Punto Final. En 2001 el juez federal Gabriel Cavallo declaró anticonstitucional la norma.
No obstante, el ex Almirante sufrió en 2002 un aneurisma cerebrovascular cuyas consecuencias determinaron que en 2005 sea declarado incapaz por demencia, por lo que se suspendieron las causas en su contra.
