El Iosper accederá a cancelar una deuda de 100 mil pesos en prestaciones con los psicológicos, paso previo a la eventual firma de un nuevo convenio de cobertura que permitirá la vuelta de la atención psicológica para los 270 mil afiliados de la obra social provincial. Hasta ahora, existía un régimen de reintegros: primero, el afiliado asistía a su terapeuta, pagaba la consulta y luego el Iosper le reintegraba 12 pesos; aunque últimamente el reintegro era de 30 pesos.
Pero ese monto representa menos de la mitad de lo que cuesta una consulta psicológica: el piso está en 60 pesos, pero también hay psicólogos que tienen tarifas de 100 pesos, y más.
“La promesa está, pero nosotros queremos esperar. Nos dijeron que el pago se haría en los primeros días de noviembre. Una vez que nos paguen la deuda, nos vamos a sentar a negociar un nuevo convenio, y recién ahí vamos a poder hablar de la vuelta de las prestaciones a los afiliados”, previno Andrea Bertozzi, presidenta del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos.
Aunque Victoria Jáuregui, directora de la obra social provincial en representación de los docentes, aseveró que la decisión de pagar la deuda está, aunque no quiso arriesgar plazos. “No hay fecha. Los tiempos en la Administración Pública a veces no son tan ágiles como nosotros quisiéramos, pero está todo en marcha. Pero la autorización para el pago está. Después, vamos a sentarnos a discutir un nuevo convenio de prestaciones”, apuntó.
En realidad, el sector docente fue el que más empujó para un acuerdo entre el Iosper y los psicólogos: constituyen el sector de más alta demanda en atención psicológica. “Pero no somos los únicos –aclaró Jáuregui—. También están los policías y Salud, que junto con los maestros son los tres sectores más expuestos. Distinta es la situación de un empleado público que no está en contacto directo con la gente”.
Entre finales de 2007 y comienzos de 2008 el Iosper y el Colegio de Psicólogos empezaron una disputa que ahora por fin está por concluir: los psicólogos reclaman una deuda que asciende a 100 mil pesos por prestaciones efectuadas en psicología. En este tiempo, intervino la Fiscalía de Estado, que apoyó el pago y la comisión fiscalizadora interna del Iosper, que lo desaconsejó.
Ese pasivo se había generado a partir de una modalidad de prestación que se apoya en las costumbres más que en la legalidad: el Iosper aportaba una cápita fija, pero habitualmente el consumo de prestaciones psicológicas superaba el monto fijado. Los profesionales presentaban la facturación, y luego la obra social reconocía el gasto de más. Pero luego ese sistema se cortó, aunque en medio quedaron servicios prestados a los afiliados sin ser pagados por la obra social.
En medio de ese atascamiento, los profesionales recurrieron a distintas estrategias; una apelación jerárquica, un recurso por mora, varios anuncios de dar intervención a la Justicia y hasta la intermediación de la Federación de Psicólogo de la República Argentina, que en mayo le envió una carta al gobernador Sergio Urribarri para pedir que se destrabe el conflicto.
La falta de cobertura psicológica dejó al Iosper en una posición endeble: desde febrero de 2008 incumple el Programa Médico Obligatorio (PMO), un menú básico que toda obra social está obligada a cubrir a sus afiliados,
La profesional denunció que por la falta de cobertura en la atención de salud mental, los hospitales y centros de salud están sobrecargados. “Nos preocupa que el Iosper no tenga cubierta la atención en salud mental, con lo que se está incumpliendo con Programa Médico Obligatorio (PMO) que establece la obligatoriedad de las obras sociales a prestar cobertura en salud mental.
El Iosper no tiene previsto este año aplicar alguna modificación en los aranceles que perciben los prestadores médicos, consigna El Diario.
“Estamos tratando de capear el temporal”, dice Victoria Jáuregui, directora de la obra social provincial. Pero fue terminante en un punto: no hay fondos para enfrentar un pedido de aumento de los prestadores.
El Iosper trasladó a los prestadores dos de los tres aumentos salariales que este año otorgó el Gobierno a los estatales. Según esa visión, los prestadores recibieron una mejora del 12% en 2009, y en lo que va de 2010, otro 10%, con lo cual en dos años la suba fue del 22%. Pero las clínicas dicen que la paritaria con sus empleados les significó aplicar un suba salarial del 32%.
En la obra social contestan que tienen un presupuesto acotado, 300 millones de pesos al año, que se sostiene sobre la base de los ingresos por aportes patronales y personales del Estado y sus trabajadores.
Tiene un promedio de ingreso del 6,39%: un afiliado activo aporta un 3 % de su salario, y otro 4 % realiza el Estado, en tanto que los pasivos, aportan el 4 % de su salario, y el Estado, el 2 %, en vez del 4 % histórico.
Ahora el Iosper procura que el Poder Ejecutivo acceda a la devolución de ese 2% que se quitó durante la década de 1990 por aplicación de una de las tantas leyes de emergencia. Así, podría recuperar unos 20 millones de pesos más al año.
