Un docente puede faltar a clase, y si la ausencia dura menos de 15 días, su lugar frente a los alumnos lo ocupa el director, si puede, o el vicedirector, o si no el bibliotecario, cuando se trata de una escuela primaria, o el tutor, el preceptor, o también el asesor pedagógico, en el caso de los institutos secundarios.
Pero la realidad es que casi ningún docente se ausenta por el mínimo permitido por la reglamentación, y eso obliga al Consejo General de Educación (CGE) a contratar un suplente que ocupe el lugar frente al aula. En 2009, cuando el Gobierno manejó la alternativa de tercerizar el control de ausentismo en el Estado, se hizo una valoración económica de cuánto supone el gasto en suplencias.
En Salud, se determinó que con una planta de 12 mil empleados, y un presupuesto anual de 660 millones de pesos, se destinen 91 millones al pago de suplencias, más del doble del presupuesto que se destina por año al funcionamiento de los centros de salud. En Educación, ese gasto se eleva casi a los 200 millones de pesos anuales, sobre 1.000 millones que se gastan en salarios.
La Ley de Presupuesto establece de modo preciso que el costo de la planta docente suplente “deberá tender a mantenerse dentro del 8%” del costo total de la planta permanente. Pero en la práctica no ocurre así: ese límite se excede con demasiada frecuencia.
En Entre Ríos, el presupuesto educativo alcanza los 1.835 millones de pesos, y de ese monto casi el 74% va al pago de salarios, ya sea para docentes de escuelas públicas como a maestros de escuelas privadas que son subvencionadas por el Estado.
Graciela Bar, presidenta del Consejo General de Educación (CGE), admite que aquel tope máximo del 8% se supera mes a mes en la provincia. El promedio es del 12,5%, aunque el índice es oscilante, con pisos y techos: puede ser del 10%, aunque en los meses de invierno alcanza el 22%. Casi tres veces más que el límite máximo autorizado por ley.
La situación se había agudizado sobremanera por la imposición de que ningún docente, concluida su licencia médica, podía volver al aula sin antes obtener el alta de la Junta Médica Única. Colapsada de trámites –la Junta tiene injerencia en la situación de los 70 mil empleados públicos–, los tiempos de espera para un alta podían llegar a los dos meses.
Por eso, en abril se cambió ese mecanismo. A través del decreto Nº 725, el Gobierno autorizó a los docentes a presentarse a trabajar con el alta extendida por cualquier médico de hospital o centro de salud, sin necesidad de pasar antes por la Junta Médica.
El nuevo sistema bajó algo el nivel de ausencias docentes, pero no lo necesario para acotarla dentro de los límites permitidos, dice la titular de Educación. “La descentralización ayudó, pero no lo suficiente. El nivel de ausentismo sigue siendo alto, y sigue estando la necesidad de designar suplente al docente que falta”, señala.
“Indudablemente es muy complejo pensar que un sistema funcione con un nivel de suplencias tan alto. Por eso estamos pensando en algún mecanismo de auditorías médicas más estricto para evitar los excesos que se producen en el pedido de licencias por enfermedad. Aunque si hay docentes que piden licencias por enfermedad en exceso, hay que reconocer que también hay médicos que firman los certificados cuando no se justifican”, sostiene Bar.
–¿Han pensado en algún sistema nuevo para poner control en las licencias médicas de los docentes? –le preguntó El Diario.
–Por ahora no, pero creo que será necesario hacerlo de continuar con estos porcentajes de ausentismo. Habrá que hacer algunas auditorías médicas, o implementar controles más exhaustivos para verificar si efectivamente el docente está enfermo. Pero no es solamente el docente, También hay otro profesional que verifica que una persona está enferma, cuando creemos que no todas son certeras. Hay un médico que convalida que la persona está enferma, cuando no siempre es así. Pero esto es una práctica difícil de erradicar. Son abusos que perjudican a todo el conjunto de la docencia, aun cuando sabemos que no es general esta situación. Hay otro sector que nunca falta, que siempre cumple, que no hace abuso del régimen de licencias.
Para destacar
31.500. Es la cantidad de docentes que hay en el sistema educativo entrerriano.
8%. Es el tope máximo de licencias que permite la ley.
22%. Es el nivel máximo que suele alcanzar el ausentismo en las escuelas.
15. Es el número mínimo de días que puede faltar un docente sin que sea necesario designar un suplente al frente del aula; superado ese número de días, se designa un reemplazante.
1.363.638.00. Es el gasto en personal del Consejo de Educación, sobre un presupuesto total de $1.835.800.000.
