El juez de Instrucción Elvio Garzón, dispuso procesar por estas figuras penales al escribano Carlos Emilio Torrealday de 63 años, sus dos hijos abogados Flavio de 40 y Guillermo de 29 y al ex funcionario provincial del Consejo General de Educación y de la Uader, Alejandro Richardet.
La resolución se tomó luego de casi un año y medio de investigación en la cual el empresario de Rosario, Orlando María Vignatti, se sintió afectado por una supuesta maniobra fraudulenta en la cual los acusados, pretendieron cobrarle 300.000 dólares, producto de un préstamo confeccionado de modo irregular.
Los abogados querellantes en la causa, Enrique Bacigalupe y Francisco Chiovetta plantearon la demanda partiendo de una doble situación que perjudicaba el Vignatti: no solo la situación fraudulenta, sino también porque la Justicia Civil de Paraná, había dado lugar en un primer momento a que el rosarino debiera pagar la deuda al grupo inversor.
En la causa judicial en el juzgado de Instrucción Nº 8, tanto el juez como el fiscal Rafael Cotorruelo, llegaron a la misma conclusión: de que el empresario había sido estafado por parte de los denunciados, consigna Uno.
Por lo informado, se indicó que al empresario se lo intimó a pagar la importante suma de dinero, luego de que este tomara, supuestamente un préstamo. Se estableció en la demanda judicial que el responsable del reclamo financiero había sido un remisero quien al ser convocado a la justicia negó tajantemente haber participado de la operación junto a las demás personas. El testimonio del hombre echó por tierra la posibilidad de avanzar con el reclamo del dinero por parte de los profesionales y del ex funcionario provincial.
En la causa, los dos abogados presentaron la documentación para exigir el dinero a Vignatti, avalada por la firma del remisero. Sin embargo, éste en sede tribunalicia admitió que Richardet le hizo firmar en su desconocimiento varios documentos para formar parte de una cooperativa. Luego se enteró que él le había prestado al empresario 300.000 dólares. El supuesto prestamista, admitió que firmó algunos formularios, pero nunca tuvo intenciones de ser el responsable de una organización prestamista de gran escala.
De ahora en más, Vignatti tiene la posibilidad de neutralizar la resolución de la justicia civil de Paraná, que había hecho lugar al planteo de cobro del prestamista. Con el dictado del procesamiento, se estableció que la documentación entregada a la justicia era falsa, habida cuenta de las pericias efectuadas por peritos oficiales que determinaron que las firmas no pertenecían ni a Vignatti ni al titular de la firma, el remisero de Paraná.
