Sella destacó que la norma que crea la Asignación Universal establece que debe acreditarse el cumplimiento del ciclo escolar en establecimientos educativos públicos, lo que margina de hecho a quienes concurren a colegios de gestión privada. «Nuestro objetivo es contribuir a solucionar las solicitudes provenientes de familias de escasos recursos que bregan para que sus hijos continúen sus estudios en establecimientos que, si bien son privados, reciben asistencia del Estado para aliviar el aporte que deberían realizar», aseguró Sella.
Específicamente, mediante una resolución, la Defensoría del Pueblo de la Nación le recomienda al Jefe del Gabinete de Ministros la implementación de mecanismos tendientes a ampliar los alcances con el objetivo de incluir a beneficiarios que no perciben la asignación familiar prevista por la ley en tanto no alcanzan un ingreso equivalente a un salario mínimo vital y móvil, y a todos aquellos que concurran a establecimientos educativos de gestión privada con subvención estatal y bajos aranceles.
La recomendación de la Defensoría nacional data de abril pasado y fue puesta en conocimiento, de la ANSES, los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de cientos de reclamos de ciudadanos de todo el país que han solicitado su intervención ante los inconvenientes que enfrentan para acceder al beneficio.
Entre las dificultades, la Defensoría del Pueblo de la Nación registra: el rechazo de solicitudes originado en supuestos faltantes de documentación y los reclamos relacionados con el insuficiente asesoramiento dado a los potenciales beneficiarios por parte de la ANSES respecto de los requisitos exigidos para una eficaz tramitación del beneficio.
También se rechazan las solicitudes formuladas por la ANSES con motivo de la percepción, por parte del solicitante, de subsidios habitacionales o de algún programa social; la exclusión de los beneficiarios de pensiones no contributivas otorgadas a madres de siete hijos o más, y de aquellos que perciben una pensión graciable o por vejez.
