El juez Gustavo Román Pimentel no aceptó todavía la denuncia que elevó el gobierno nacional contra algunos de los piqueteros de Gualeguaychú y reclama un decreto firmado por la presidente Cristina Kirchner para avanzar en la causa.
Fuentes judiciales aseguraron al diario Clarín que el magistrado de Entre Ríos consideró insuficiente que el Procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha, informara que recibió una » orden verbal » para que el Gobierno se presente como querellante en la causa para liberar el paso fronterizo.
La denuncia oficial por delitos penales y civiles sería contra 25 integrantes de la
Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que desde hace tres años y
medio reclaman con el corte de ruta el cierre de la pastera Botnia.
Según dijo anoche el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en la denuncia se identificaba «con nombre y apellido» a «aquellos que con su conducta han permitida por acción o por omisión la comisión de delitos», como » entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito «.
