El expediente pasó al despacho del vocal Juan Carlos Maqueda, antes lo tuvo Highton de Nolasco, y faltan los votos de Ricardo Lorenzetti y Carlos Fayt, según informó El Diario.
En tanto, la Sala I de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia dio a conocer los fundamentos por los cuáles se rechazó el planteo que hizo la defensa respecto a la elevación a juicio. Sobre este punto, los abogados defensores tienen previsto recurrir, otra vez, al Alto Tribunal de la Nación.
Lectura
Los abogados Rubén Efraín Cabrera e Ignacio Esteban Díaz, defensores de los imputados, recibieron copias del escrito de 16 páginas y se retiraron del Palacio de Justicia. En un breve diálogo con El Diario, ambos letrados anticiparon que no descartan acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), donde, además, esperan que ese alto cuerpo se pronuncie sobre el recurso extraordinario por el auto de procesamiento.
“Es una posibilidad cierta recurrir a la Corte”, dijo Cabrera, quien representa a Abelardo y Carlos Pacayut y a Norberto Durrels y Carlos Lovera. En la misma posición, lo hizo Díaz, quien defiende a Alberto Víctor Gabio y Rafael Alberto Morana, todos imputados por el delito de “peculado” en perjuicio de la Administración Pública, por las maniobras vinculadas al presunto uso indebido de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con destino al Puerto Ibicuy.
Fundamento
Si bien el 7 de abril, los integrantes de la Sala I de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ: Carlos Chiara Díaz, Susana Medina de Rizzo y Daniel Carubia, anticiparon su “rechazo” al planteo de los defensores, luego se conoció en detalle el fundamento de esa decisión.
En el escrito, tanto Chiara Díaz como Medina de Rizzo, (Carubia se abstuvo de opinar, por coincidencia de los dos primeros votos) consideraron que la elevación a juicio decretada por la jueza de Instrucción (Patricia Yedro) y luego confirmada por la Sala II de la Cámara del Crimen de Paraná, cuestionadas por las defensas, se fundaron “en derecho” y “no presentan siquiera atisbos de arbitrariedad”.
Sobre esa situación, tanto Cabrera como Díaz habían solicitado la anulación de la elevación y citación a juicio, bajo el argumento que a los imputados no se los indagó después de la modificación de la calificación legal (de estafa a peculado) y porque la CSJN no resolvió el recurso extraordinario por el cual se recurrió el auto de procesamiento.
Votos
Al analizar las argumentaciones de la defensa, Chiara Díaz dijo que no hubo afectación de las garantías constitucionales de los imputados, “quienes junto a sus letrados defensores tuvieron oportunidad de proponer prueba, valorarla, recurrir las resoluciones adoptadas en el decurso del proceso y postular sus pretensiones”.
Asimismo, el vocal del STJ dijo que “los encartados conocieron perfectamente que se le endilgaba la sustracción de fondos públicos –que por la función estatal que cumplían percibían y administraba– los cuales estaban destinados a la obra de ampliación y reactivación del Puerto Ibicuy, precisándose que con dichos fondos beneficiaron al coimputado Gavio, en su condición de titular de la empresa Performar, encargada de la concreción del proyecto”.
Como segundo voto, Medina de Rizzo –si bien adhirió a los argumentos de Chiara Díaz–, opinó que los cuestionamientos sobre la elevación a juicio y citación a juicio no contienen vicios “que puedan tornar anulables” el procedimiento y, le recordó a la defensa que si durante la Instrucción no pudieron aportar elementos de prueba, “bien pueden ser producidas por vía de instrucción suplementaria o durante el juicio propiamente dicho donde las partes pueden hacer valer sus pretensiones y esgrimir sus defensas en igualdad de condiciones”.
