En la presentación, Bonelli adjunta los documentos publicados (y reconocidos luego como verdaderos) por DIARIOJUNIO y una copia de la Ley de Archivos Nº 7452.
La copia de esa ley da cuenta según esta presentación judicial que en la quema “no se habría cumplimentado con la Ley 7452”.
Aunque quemar archivos para tapar crímenes de lesa humanidad suena a delito federal, Castillo deberá dilucidar para la opinión pública quién dio esa orden aquí en Entre Ríos ya que, hasta ahora, lo que sobresale es el lavado de manos de quienes según la ley, serían los responsables de cuidar esos archivos.
En el escrito que recibió Castillo se dice “en dicho expurgo se habrían perdido documentos de importancia para el esclarecimiento de los aberrantes delitos de Lesa Humanidad, producidos en el país, más precisamente en esta ciudad de Concordia. En dicha oportunidad se destruyeron elementos tales como los libros de guardia de distintas dependencias policiales y radiogramas. Elementos fundamentales para la investigación y que por su propia naturaleza podrá Ud, señor agente fiscal apreciar del valor de los mismos en los hechos que de publico y notorio se investigan con relación a causas de lesa humanidad ocurridas en la ciudad”.
