SUMAN ADHESIONES A LA MARCHA DE ESTA NOCHE
Los comunicados de apoyo a esta autoconvocatoria siguen llegando a DIARIOJUNIO ayer, tal lo dábamos a conocer y luego que el movimiento de opinión “abc democrático” lanzara la primera piedra a favor de esta movida que se propone sea de todos, el Frente Grande, la Corriente Nacional y Popular, el referente social, Luís Román y el Partido Humanista, hicieron saber su adhesión a esta movilización.
Ahora, se suma también el “Movimiento de Educación Popular, Juventud del Bicentenario” que prometen, en comunicación con este medio llevar carteles de apoyo a la ley.
QUIENES SON LOS QUE TRABAN LA LEY
Hoy la ley se encuentra suspendida provisoriamente por los jueces de la Cámara Federal de Mendoza que ratificaron la medida cautelar de la jueza federal Olga Pura de Arrabal que paralizó la aplicación de la norma por un recurso del diputado nacional del peronismo disidente Enrique Thomas, quien adujo un supuesto incumplimiento del reglamento de la Cámara de Diputados durante el tratamiento del proyecto.
Para que nadie se confunda sobre independencia judicial, esta jueza es la misma que prohibió las emisiones de Canal 7 en Mendoza por pedido del Grupo UNO del empresario Daniel Vila y de “robo para la corona”, José Luis Manzano.
A su vez, la Cámara Federal de Mendoza que avaló ese fallo, también tiene algunas cosas que explicar. Mantiene a todos los represores de la dictadura de esa provincia en libertad y los familiares de las víctimas del terrorismo de estado acusan al tribunal de favorecer a los represores.
LOS CAMARISTAS MIRET Y ROMANO
En el caso de Romano y Miret, fueron denunciados en 2009 por su participación en la última dictadura. En esa oportunidad, se tomaron como ejemplo cuatro expedientes en los que ambos actuaron tomando declaraciones a los detenidos que denunciaron las torturas que sufrían. Los magistrados, según la denuncia, no tomaron acciones para impedirlas o castigarlas.
En uno de esos casos figura la detención de una menor de edad sobre la cual Miret ordenó en principio su liberación, pero, a la media hora, eliminó esa orden, agregando la incomunicación. Si bien esa chica hoy ya es una mujer, aún no puede olvidar que la torturaron y ultrajaron sexualmente mientras se encontraba detenida.
En la denuncia figuran también testimonios de otros detenidos quienes aseguraron que escucharon los gritos de la víctima pidiendo que no le hicieran nada.
Estos mismos expedientes fueron utilizados por el Gobierno provincial hace dos semanas para que el ministro de Gobierno, Mario Adaro, introdujera una denuncia también contra ambos jueces en el Consejo de la Magistratura nacional.
Los tres fueron denunciados por haber fallado a favor de que ninguno de los represores detenidos en Mendoza esperara su juicio en una prisión común, sino que todos fueron liberados o puestos bajo arresto domiciliario bajo la presunción de que no se iban a fugar.
Tras la renuncia de Pereyra González, la presentación en su contra quedó sin efecto, en cambio, con los otros dos magistrados, el pedido de juicio político, iniciado a través de una denuncia de los organismos de DDHH y otra del Gobierno provincial, está en trámite en el Consejo de la Magistratura.
