REPRODUCCIÓN TEXTUAL
Ante la denuncia efectuada por el Inspector Principal Andrés Costa, quien manifestara ante la Delegación Concordia de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos, que los archivos policiales de los años 1975, 1976 y 1977 fueron quemados en Concordia por orden de una autoridad superior, será la policía de Entre Ríos quien deberá documentar esa orden, habida cuenta que ni el entonces Gobernador Jorge Busti, ni el entonces Ministro Sergio Urribarri, ni el entonces Secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos José Carlos Halle impartieron ordenes al respecto, así como tampoco la entonces titular del Archivo Histórico Graciela Bascourleguy.
Si la misma policía reconoce el delito deberá esta investigar quien dio la orden y los Jefes de la Departamental Concordia de 2004 y sus superiores deberán hacerse responsable ante la Justicia para esclarecer el caso.
Fue esta Subsecretaría de Derechos Humanos quien autorizó al Escribano Gomez y al Prof. Bonelli a ingresar a los archivos de la Policía de Concordia en cumplimiento con la ley 9577, para aportar pruebas al esclarecimiento de la desaparición del ciudadano Sixto Zalazar , denuncia que se tramita ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y atiende como abogada querellante la Dra. María Isabel Cacciopolli.
Si en esta provincia alguien tuvo compromiso con el esclarecimiento de las causas que se tramitan ante los Juzgados de Paraná y Concepción del Uruguay, fueron Busti, Urribarri y Halle quienes no solo crearon el Registro Único de la Verdad, sino la Subsecretaría de Derechos Humanos para acompañar en todo momentos a los querellantes victimas del terrorismo de Estado y de ello pueden dar fe los abogados querellantes de las causas de lesa humanidad que se sustancian en Entre Ríos, el Archivo Nacional de la Memoria y las organizaciones de derechos humanos.
