Ariel Dimasi y Juan Fullana, ambos con domicilio en la Provincia de Buenos Aires, habían sido sanciondos por inspectores municipales tras circular en moto sin casco el 8 de octubre pasado. El juez Ricardo Gigena los eximió de la multa y se inició así una dura polémica sobre seguridad vial en una provincia donde varios municipios buscan, por el contrario, promocionar su uso.
Los acusados solicitaron la no imposición de la multa amparándose en un fallo de la Corte Suprema de Justicia por otra causa diferente. Señalaron en su escrito que la sanción «no corresponde toda vez que, como personas mayores de edad, tenemos el derecho de elegir si usamos o no el casco».
Y añadieron: «Si se permite la tenencia de estupefacientes para consumo propio, fundado en un acto privado amparado por la Constitución Nacional, también tenemos el derecho a elegir si usamos el caso o el cinturón de seguridad. Es un derecho personalísimo y privado que no afecta derecho de terceros».
Con la misma línea argumental que el caso que llegó a la Corte, el juez de Faltas de Santa Rosa admitió el criterio de la libertad individual, la protección de la privacidad y la no afectación a terceros, por sobre la ordenanza que exige el uso de casco.
«El uso del casco o cinturón de seguridad en personas mayores comprende la intimidad, la conciencia, el derecho de disponer de sus actos, de su obrar, de su propio cuerpo, de su vida, en ejercicio de su libertad», expresó un párrafo de la resolución firmada por Gigena.
LA POLÉMICA. Una vez emitido el fallo, el caso llegó a oídos de funcionarios que promueven el uso del casco y despertó el enojo de varios, como el legislador provincial del Frente Cívico, Raúl Jiménez. «Me parece que estas declaraciones son preocupantes, genera un grado de incertidumbre realmente grave», dijo a Cadena 3. «¿Sabe el esfuerzo que hicimos para imponer el uso del casco obligatorio, con las consecuencias gravísimas por las personas que no usan el casco? No estoy hablando de cuestiones económicas», aclaró.
Y alertó: «El daño que hace al esfuerzo de años para que se concrete una norma. Esto genera un ejemplo terrorífico. Si no uso casco, tampoco voy a utilizar cinturón de seguridad, y si no uso esto, estoy muy cerca de poner a mi nene adelante, total es mi hijo», planteó.
En sintonía con la postura de Jiménez, el abogado Horacio Botta Bernaus se refirió al criterio de libertad individual sin daños a terceros y desestimó lo decidido por el juez. “Un motociclista puede argumentar su derecho individual a llevar casco o no. Pero no veo cierto que si no lo lleva, no perjudica a terceros. Porque hay que contemplar el costo que para el Estado, o sea la comunidad, tienen la accidentalidad. Ahí deja de ser un acto puramente individual», indicó.
«Por no llevar casco, las heridas son más graves y eso moviliza mayores acciones, que parcial o totalmente terminan siendo un costo para el Estado”, planteó el letrado consultado por el diario La Voz del Interior.
Por su parte, otro juez de Faltas de Río Tercero, Jorge Mecatti, manifestó que él «no hubiera aceptado ese descargo. Por el contrario, habría confirmado la multa», señaló en declaraciones a la Voz del Interior.
Mecatti destacó que «el Estado debe proteger al conjunto, a la sociedad, por encima del individuo. El derecho individual es importante pero nunca puede ser tan absoluto. Diría que si alguien quiere conducir sin casco que lo haga dentro de una propiedad privada, pero no en la vía pública».
fuente: Télam
