El pedido, presentado por el concejal Rubén Dri, consigna en los considerandos que transcurrieron más de dos años desde que la gestión actual tomo a su cargo la operación del Campo del Abasto y lo otorgó en forma precaria a los ex trabajadores de Cetru SA. No obstante, el nuevo concesionario, Leonardo Daniel Galarza, comenzará a operar el próximo lunes “poniendo fin a los trabajos que venía realizando la cooperativa que se encontraba provisoriamente desarrollando las tareas”.
Por ese motivo, los ediles del bloque minoritario pidieron saber cual es el estado actual de operatividad de la planta, “indicando maquinaria y estado de las mismas y quien o quienes son los propietarios”.
Además, solicitaron que se detalle la documentación de las inversiones y los gastos realizados desde el 11 de diciembre de 2007. Asimismo, el detalle documentado de los montos abonados a los trabajadores y la documentación respaldatoria de los mismos, tanto de los pagos como de los acuerdos para realizar los mismos.
Otros datos solicitados son: datos del personal; detalle de los seguros contratados para cubrir posibles incidentes hasta la concesión; detalle documentado de todos los pasos que se siguieron hasta la actual concesión.
Incluso, en el informe se hace referencia a la tarea que desarrollará el nuevo concesionario. Por ello, solicitaron un informe pormenorizado de la forma en que se dispondrán de forma definitiva cada uno de los tipos de residuos y la campaña de concientización que se ha dado a conocer será llevada adelante y mediante el presupuesto de qué secretaría.
El tema del Campo del Abasto ha generado diversas controversias desde que el Ejecutivo anterior decidiese concesionario a una empresa (Cetru SA) que luego rescindió el convenio cuando llegó la administración actual. La concesión terminó en la Justicia por no haberse realizado por medio de una licitación pública. En noviembre del año pasado, la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay confirmó el procesamiento en primera instancia por incumplimiento de los deberes de funcionario público de quienes validaron la cesión como varios ex concejales y dos de los actuales (Martín Santana y Roberto González), el ex intendente Juan Carlos Cresto y dos de sus funcionarios.
