Aunque el Gobierno había estimado que en Entre Ríos unas 200 mil personas serían alcanzadas por la asignación universal por hijo que instrumentó la Nación, hasta ahora ese número llega a sólo 60 mil chicos menores de 18 años.
Claro que esa cifra es todavía provisoria, y no final: resta sumar a los 60 mil beneficiarios de la tarjeta social, cuyo cobro no genera incompatibilidad con el subsidio que paga la Nación. Y además incorporar a toda una franja de población de pobreza estructural que no siempre es alcanzada por el asistencialismo del Estado.
Si se tiene en cuenta que el promedio es de 2 hijos y medio por grupo familiar, el resultado da que entre 25 mil y 30 mil hogares sin ingreso salarial en blanco están recibiendo la asignación universal. Cada uno de las 60 mil personas percibe un monto de 180 pesos, con lo cual el ingreso que mensualmente se distribuye en la provincia supera los 10 millones de pesos.
La asignación universal por hijo es un beneficio que lanzó el Gobierno nacional, cuyo primer pago se concretó en diciembre último y que consiste en una suma mensual de $180 por hijo, hasta un máximo de cinco, y $720 por hijo con discapacidad.
La instrumentación y empadronamiento de los beneficiarios estuvo a cargo de la Administración Nacional del Seguro Social (Anses), que, de acuerdo al criterio que se fijó, abonará mensualmente el 80% de la asignación, es decir 144 pesos, mientras que el 20% restante se abonará cuando se presente en marzo la documentación que corrobore la concurrencia a establecimientos educativos, y el calendario de vacunación al día, dos requisitos clave para mantener el beneficio.
En Entre Ríos resta aún definir cómo se hará el control de los beneficiarios, aunque el ministro de Salud y Acción Social, Angel Giano, entiende que esa tarea quedaría a cargo de la Provincia.
“Nosotros estamos preguntando cómo se va a hacer el control de escolaridad y vacunación. Es altamente probable que dispongan entregarle una especie de libreta a los beneficiarios, donde Educación certifique el cumplimiento de la escolaridad, y Salud el esquema de vacunas. Pero lo que se tiene que resolver es la descentralización, es decir sacar esa tarea de Ansés y dársela a las provincias”, indicó.
A ese respecto, Giano indicó que “la Nación tendrá que dictar la reglamentación necesaria para determinar a quién más da facultades para efectuar esos controles. Tal como está definido el esquema, tendría que ser Ansés, pero por la infraestructura que posee, se convertiría en un embudo, que agravará otra vez el tema de las largas colas”.
Esos controles arrancarían en marzo próximo, evaluó el ministro. Aunque además de los controles, preocupa al Gobierno cómo alcanzar a toda la población con necesidades de asistencia.
“Hay sectores de la población a quienes el Estado, por distintos motivos, no los ha podido captar, ya sea por debilitamiento, y también porque hay una falta de cultura de algunos sectores de recurrir a solicitar los planes. Entendemos que el número de beneficiarios tendrá que ser mayor a 60 mil”, planteó.
Sobre ese punto, Giano sostuvo: “Yo creo que va a crecer el número, con los beneficiarios de tarjeta social, y después con la captación de franjas de población que hoy no reciben ningún tipo de ayuda. Hasta ahora, Anses no pudo hacer un trabajo territorial, sino que trabajó hacia adentro del escritorio. Luego de que inscriba a todos, que pague a todos, y esté claro cómo controlar vacunación y educación, tendrá que poner equipos para la búsqueda de esa población. Pero todo es un proceso”.
