“El Fondo Provincial de Turismo se constituye con los siguientes recursos:
2. El producto de los ingresos de las actividades de proyectos integrales de emprendimientos turísticos otorgados mediante procedimientos públicos de selección, que la autoridad de aplicación decida realizar y/o administrar y/o gestionar integralmente por sí o por concesionarios, ya sean de infraestructura turística y/u otra tipología de equipamiento y/o de regímenes de explotación, administración y gestión integral de cualquiera de las actividades citadas en el Anexo II:
Los proyectos integrales de emprendimientos turísticos que ameriten la declaración específica de interés provincial por el Ejecutivo Provincial, podrán brindar servicios de explotación, administración de salas de juegos recreativos de azar y/o casinos en el régimen de gestión integral dentro de proyectos integrales de emprendimientos turísticos otorgados mediante procedimientos públicos de selección, cuya incidencia económica, laboral, social, recreativa, cultural y/o de actividades conexas declarados específicamente de interés turístico por el Ejecutivo Provincial. La inclusión de dicha actividad bajo la órbita de la presente ley, no modifica ni limita la fiscalización que el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social mantiene sobre la misma, ni las facultades que mantiene dicho instituto sobre la explotación y administración de salas de juegos y/o casinos de gestión íntegramente estatal.”
Esta historia y sus actores no son nuevos. Por eso titulé esta nota de opinión “Déjà vu”, con la que se expresa esa sensación de haber vivido un determinado momento antes.
No voy a decir nada novedoso, retomaré temas ya tratados en un recurso de revocatoria contra el Decreto n° 5369/04 GOB., que firmé en mi carácter de Secretario General de ATE de ese entonces.
LA LEGISLACIÓN ACTUAL SOBRE EL JUEGO:
La ley provincial nº 5144, del gobierno democrático 1973-1976, en su artículo 3 ° establece que: » el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social tendrá a su único y exclusivo cargo: a) La explotación y administración de la Lotería, Casinos, Tómbolas y demás juegos de azar que el Poder Ejecutivo resuelva autorizar y oficializar en el ámbito de la Provincia de conformidad con el régimen que el mismo establezca al respecto por vía de reglamentación;…» cuyo objeto es » brindar recursos de apoyo financiero a los planes de acción y seguridad social que se programen y ejecuten en la Provincia de Entre Ríos.» (art. 2°).
Es decir, para atender a los fines sociales previstos, el Estado debe exclusiva y únicamente explotar los juegos de azar por intermedio del IAFAS.
Por otra parte, la ley nº 8.703 (que reconoce como antecedente la nº 3.692 de 1950) como principio, ha prohibido «… la práctica, difusión, facilitación o participación en o de juegos de azar, con excepción de aquellos que sean explotados oficialmente por el Estado Provincial, los autorizados por éste mediante acto emanado de autoridad competente y los que expresamente no sean penados por esta ley.» Y el art. 2° define qué entiende el Estado por juego de azar.
Entre Ríos se inscribe entonces como una jurisdicción estatal que prohíbe la explotación de la mayoría de los juegos de azar por dinero en manos de los particulares, permitiendo que organicen, distribuyan y exploten juegos culturalmente aceptados por las mayorías, tales como rifas, bonos, cuadreras; y reservándose para sí la explotación del juego por apuestas.
Esto cambiará si se aprueba el cuestionado proyecto, con la privatización y otro destino, que no es la acción y seguridad social, de los fondos recaudados, (habla de un fondo de turismo, con muchas vaguedades) Así, varios artículos de la normativa actual perderían vigencia sencillamente por mandato de ley posterior.
LA RELACIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL IAFAS:
Ciertamente el art. 42 de la Constitución Provincial garantiza la estabilidad en el empleo público, lo que no se asegura con la privatización es la fuente de trabajo, que no es lo mismo. No olvidamos que hubo una Ley 8706, una Ley 9235 y un tendal de trabajadores en la calle producto de las privatizaciones del Banco de Entre Ríos, de la Empresa Provincial de Energía, el Frigorífico Santa Elena.
Una supuesta “garantía de derechos adquiridos” no resuelve la esencia de la cuestión.
Nos parece preocupante que en esta etapa de la vida institucional de nuestro país, cuando las privatizaciones realizadas en la década de los noventa están siendo fuertemente cuestionadas por la sociedad, en nuestra provincia se pretenda persistir en ese mal camino.
No me olvido de los trabajadores del sector privado, porque conocemos empresarios desaprensivos que hicieron lo del “pájaro que comió, voló”.
Las cuestiones de sustentabilidad económica de todos los emprendimientos ligados al juego que coexistirán, estatales y privados, queda bajo un manto de dudas.
Es mejor que las inversiones se orienten y se alienten hacia emprendimientos de carácter productivo. En esa idea, cuando se trata de políticas de juego, se pueden desarrollar actividades conexas, como el turismo (y para esto no hay obstáculos en cuanto a la participación del sector privado), que pongan el acento en el esparcimiento y la recreación y no en la excitación de una debilidad humana. Un ejemplo de esta sinergia es el Casino de Victoria donde participa el sector privado sin la privatización de los juegos de azar propiamente dichos.
LOS VALORES MORALES Y ETICOS DE LA COMUNIDAD:
La delimitación política de los roles del Estado y los particulares en la explotación del juego constituye, atento su delicadeza, incidencia sobre una actividad económica importante para las arcas públicas, y concepción socio cultural del juego, una definición que deben hacer los gobernantes contemplando los valores y aspiraciones de la Comunidad. En este punto, es donde la cuestión trasciende lo legal.
Tengamos siempre presente la PASTORAL DE LOS OBISPOS DE ENTRE RÍOS, titulada El juego, los casinos y la condición humana, del 7 de octubre de 1993 (Fiesta de Nuestra Señora del Rosario), que transcribo íntegra al final de este escrito, por su altísimo valor moral, y ruego su atenta lectura.
Esta temática hace al modelo de sociedad que queremos para nuestra provincia. A partir de esta concepción moral y socio-política sobre el juego, es imprescindible definir las políticas al respecto,
El juego (con todas las connotaciones valorativas que conlleva), debe ser administrado y explotado exclusiva y excluyentemente por el Estado.
Por un lado, por las garantías mínimas de protección a la ética de la comunidad; por otro, porque solo el Estado (como instrumento jurídico – institucional) puede hacer que la captación de recursos provenientes de esta debilidad humana sean volcados íntegramente a acciones de interés social para los mas carenciados (salud, vivienda, jubilación del ama de casa, etc.)
En manos del Estado, el juego puede ser contenido y tener el límite de un entretenimiento.
En manos privadas, esta comprobado que esta actividad satisface primero sus objetivos de lucro, fomenta el juego y el “Vale Todo”. Con ello, la miseria humana y el vicio afloran, a lo que se agregan la droga y la prostitución con sus terribles secuelas.
Es muy importante tener en cuenta que el juego es una puerta abierta al lavado de dinero mal habido. Si está en manos del Estado, este delito se hace imposible.
Tan grave es este tema que el Estado Nacional ha dictado la ley nº 25.246, referida al encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, y en particular la Res. 17/2003 de la Unidad de Información Financiera, referida a las operaciones sospechosas, modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación de reportarlas, personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar, la guía de transacciones inusuales o sospechosas, el reporte de operación sospechosa, etc.
No dejamos de reconocer que aún en manos del Estado la actividad del juego tiene sus dificultades. Pero estas son más del orden de las decisiones políticas que de otro tipo.
Por ejemplo, cuando las políticas en materia de juegos han sido nefastamente erróneas, y convirtieron a nuestra provincia en un verdadero garito, con salas de juego diseminadas en el territorio, que no le sirven al IAFAS para la obtención de ingresos, ni a la comunidad, a la que despoja de sus recursos.
O como cuando se han realizado contratos entre el IAFAS y empresarios privados, en donde los gastos son del Estado y las ganancias de los privados
A estas malas políticas ATE oportunamente las denunció. Otros callaron o fueron cómplices.
COLOFON
Lo último que conozco -extraoficialmente- es que en Diputados se harán últimos intentos de modificar el texto venido del Senado. Por lo que ví, presumo que es un retoque cosmético, solo para confundir.
El declarar que estos servicios de salas de juegos recreativos de azar y/o Casinos, (no deja taxativamente claro que no pueden ser privados) lo serán sin afectar competencias existentes del I.A.F.A.S. ni derechos adquiridos, es una falacia. Se entraría en una nebulosa de imprecisiones, un intrincado laberinto de atribuciones y competencias. Las reglas del juego en Entre Ríos han sido hasta hoy claras: el juego en manos del Estado. El proyecto incorpora lo que los juristas denominan «conceptos jurídicos indeterminados», o dicho en criollo «claros y oscuros». Donde antes gobernaba exclusiva y excluyentemente el IAFAS con normas claras y sencillas; ahora ingresa una Subsecretaría de Turismo junto con una Comisión Provincial de Turismo con clara injerencia sobre el juego de azar e integrado por quienes pretenden explotar el juego en la provincia; donde antes el IAFAS debía controlar, hoy debe «facilitar» o «posibilitar» junto a otros órganos estatales totalmente ajenos a la actividad y cooptados por los concesionarios del juego.
El juego, cualquiera que sea, exige y necesita reglas claras, si no hay trampa.
Vuelvo a la cuestión central en donde el debate y análisis no debe caer en simplificaciones como la antinomia estatismo versus privatismo o en meras consideraciones numéricas (por lo demás, en esto se inventan muchos mitos)
Hasta ahora nuestros gobernantes, cuando equivocaron el rumbo respecto de este tema, ante el reclamo de quienes nos oponíamos, fueron capaces de escuchar y desandaron el mal camino. Hay que aprender de la historia y apelo a que se deseche definitivamente todo intento de privatización del juego de azar y los casinos.
Los trabajadores nucleados en ATE definimos históricamente una postura respecto del juego: ni privatización de la gestión, ni privatización de la renta.
No importa de donde soplen los vientos privatistas, la bandera no será arriada.
