PROPUESTA TEXTUAL
Por otra parte no desconocemos que el Impuesto Inmobiliario Rural no ha tenido ajustes en los últimos dos periodos fiscales.
Pero esta situación no debe estar disociada de la presión fiscal que hoy soporta nuestro sector es su conjunto, que de acuerdo a estudios privados y de organismos de profesionales, hoy los productores deben afrontar una de las etapas con mayor aportes al estado, con especial énfasis en el nacional.
En este marco que desde el ejecutivo provincial se intente aumentar el Impuesto Inmobiliario Rural en un más de un 300 % representa una situación insostenible desde cualquier punto de vista, ya sea desde la equidad como también desde lo racional atendiendo a que el propio gobierno ha reconocido la situación de emergencia y desastre agropecuario hasta el 30 de diciembre del 2009.
Las alternativas propuestas por el ejecutivo de establecer el aumento con un sistema de gradualidad en su aplicación, para nada salva la intención en concreto de establecer un brutal aumento del mismo, ya que al paso de dos años el peso será para todos los productores por igual.
En concreto y luego de un profundo análisis en relación a lo presentado por el poder ejecutivo deseamos elevar una propuesta a considerar, que intenta lograr un equilibrio entre la nueva tabla de valores medios de la tierra, establecida al aplicar el método fijado por la ley Nº 8672 y la emisión real que esta nueva situación representaría y contemplar además la situación de emergencia y desastre agropecuario en que se encuentra la Provincia, más allá que los productores hallan gestionado su certificado de emergencia.
No innovar sobre la situación del año 2009 atendiendo a la situación de emergencia y desastre agropecuario.
Nuestra alternativa es aplicar en el marco especial que lo puede establecer una ley, a partir del año 2010 la tasa de capitalización máxima fijada por la ley Nº 8672 del 6% de los valores medios de la tierra de acuerdo a la propuesta elaborada por el ejecutivo provincial que quedaría como lo indica el anexo I, que se adjunta.
Así mismo proponemos sostener la aplicación con un esquema de gradualidad, que en nuestra propuesta llevamos hasta el año 2013 y con la concentración de tres segmentos, integrando el segmento 3 y 4 en uno solo de acuerdo a la propuesta original del ejecutivo:
Año Segmento 1 Hasta sup. 5% Renta 0 Segmento 2 Hasta sup. Renta 0 Segmento 3 Sin limite
2009 Impuesto 0 Avalúo Dec.1588/05 Avalúo Dec. 1588/05
2010 Impuesto 0 Aplic. 25 % nuevo avalúo. Aplic. 33 % nuevo avalúo.
2011 Aplic. 33 % nuevo avalúo. Aplic. 50 % nuevo avalúo Aplic. 66% nuevo avalúo.
2012 Aplic. 66% nuevo avalúo. Aplic. 75 % nuevo avalúo. Aplic. 100 % nuevo avalúo.
2013 Aplic. 100 % nuevo avalúo. Aplic. 100 % nuevo avalúo. Aplic. 100 % nuevo avalúo.
Por otra parte deseamos incorporar una propuesta que ya se ha aprobado en otras provincias, que es la de establecer un “Fondo de desarrollo rural”, que debe estar constituido por un % de la recaudación del impuesto inmobiliario rural, y que debe ser destinado íntegramente a campañas sanitarias, obras de infraestructura, y apoyo a proyectos que contribuyan a incrementar la productividad y la calidad de vida de los productores agropecuarios. Este fondo debe ser separado de rentas generales y coadministrado con las organizaciones del sector.
En este caso y como lo establecido ya por anteriores leyes de que el 20 % del Impuesto cobrado se destine a Vialidad de la Provincia, ese mismo % deberá ser incorporado en el Fondo de Desarrollo Rural.
