Kohen explicó que el Estatuto del Río Uruguay de 1975 se basa en el «respeto de los usos ya existentes», por lo que Uruguay «no cumplió con sus obligaciones internacionales» ya que tendría que haber considerado otras alternativas para el emplazamiento de Botnia, una industria «irreconciliable» con las demás actividades de la zona.
Al autorizar la construcción de Botnia y Ence, Uruguay violó la obligación de respetar y velar por el «uso justo, racional y óptimo» del río, protegido por el Estatuto, señaló Kohen.
Asimismo, «Uruguay ignoró sistemáticamente las demandas de Argentina» respecto a la solicitud de información sobre los proyectos de las pasteras y la posibilidad de que se estudiaran lugares alternativos.
Kohen afirmó que Uruguay defiende que el Estatuto no lo obliga a tener en cuenta el impacto de las pasteras en el turismo pero, al mismo tiempo, descartó construir las plantas en La Paloma o en Nueva Palmira, precisamente porque eran zonas recreativas y turísticas.
«¿Si no tiene impacto en el turismo porque no decidieron construir en esa áreas?», se preguntó el especialista argentino.
Kohen observó que la localización de Botnia en Frany Bentos responde a un único motivo, la decisión de Uruguay de «facilitarle las cosas al inversor, sin tener en cuenta ninguna otra consideración de índole social o a la población».
En ese sentido, el especialista objetó el argumento de Uruguay de que la planta daría trabajo a los pobladores de la zona, ya que «solo cuarenta personas de Fray Bentos están empleadas en Botnia».
A continuación, Alain Pellet, profesor de la Universidad de Paris Ouest, expuso que Uruguay incumplió de forma «conciente» con su obligación de informar sobre el proyecto a Argentina a través de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay).
«Ante un proyecto industrial de gran envergadura como las pasteras, que afecta la calidad de las aguas del río, acudir a la CARU era algo obvio», expresó.
«El texto dice que acudir a la CARU es una obligación, no una facultad», agregó Pellet, quien destacó también que de acuerdo con el espíritu del Estatuto la comisión tiene un rol fundamental.
Luego desarrolló cómo el Uruguay «ignoró totalmente» el rol del CARU e incumplió con sus obligaciones hacia Argentina de «informar y notificar» los proyectos que afectan la calidad del agua del río, contrariamente a lo que sostiene el país vecino.
A su turno, Alan Béraud, ministro e la Embajada argentina ante la Unión Europea, remarcó las contradicciones de los argumentos de Uruguay en el proceso y, concretamente, en relación a su incumplimiento de la obligación de «notificar y consular» a Argentina.
Al respecto, Béraud manifestó que «si las consultas hubiesen tenido lugar, la respuesta hubiese sido No», por lo tanto, «Uruguay decidió por su cuenta sobre el riesgo y daño que podría causar a Argentina». Una decisión «unilateral», remarcó.
En cuanto a la «inconsistencia» de los argumentos de la parte uruguaya, Béraud detalló que «Uruguay primero decidió que las plantas se iban a construir en el margen izquierdo del río sin consultar, luego dijeron que habían cumplido con el Estatuto en cuanto a su obligación de informar, pero más tarde confesaron que no habían notificado, aunque no era una violación porque lo podían hacer después, y a continuación afirmaron que no era importante porque había un acuerdo con Argentina».
Finalmente intervinieron Laurence Boisson y Philippe Sands, quien pidió a la Corte que analizara minuciosamente el Estatuto del Río Uruguay, del Artículo 7 al 13, en relación a los pasos que debió seguir Uruguay antes de autorizar la construcción de Botnia violando las leyes internacionales de forma deliberada.
«Uruguay sabía que si acudía al CARU el proyecto iba a ser vetado», sostuvo Sands, por eso era «un proceso inconveniente», agregó.
«La cuestión está clara, sin información, no hay consulta, y sin consulta no hay construcción», concluyó.
Argentina expuso hoy en la segunda jornada de audiencias en La Haya en la recta final del proceso judicial contra el Estado uruguayo por haber violado el Estatuto del Río Uruguay de 1975 al autorizar la instalación de la pastera finlandesa Botnia y la española Ence -que quedó fuera del conflicto por su decisión de deslocalizar la planta- en el margen izquierdo del río compartido.
Los especialistas argentinos están argumentando ante la Corte que Uruguay incumplió con sus obligaciones bajo el Estatuto al autorizar de forma «unilateral» la construcción de Botnia sabiendo que causaba un «daño» a Argentina.
En la apertura de las audiencias, Argentina aseguró ayer que Botnia «contamina» y causará un «daño irreparable» al ecosistema del río Uruguay.
En los próximos días de audiencia, la delegación argentina presentará a la Corte de forma oral las pruebas «técnicas y científicas» de que Botnia contamina y que ya fueron remitidas por vía escrita el pasado 30 de junio y 15 de julio.
La próxima semana será el turno de Uruguay, y en la tercera y última ronda, que se cerrará el 2 de octubre, ambos países tendrán dos días para rebatir los argumentos del otro antes de que el juicio quede visto para sentencia.
Por su parte, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, rechazó los argumentos de Argentina ante la Corte de La Haya, y consideró «absolutamente inexistente el daño irreparable» al río Uruguay por la actividad de una pastera.
Desde Estados Unidos, donde realiza una visita oficial, Vázquez rechazó los argumentos argentinos y aseguró que la «argumentación de que Uruguay no respetó las normas del Tratado no tiene solidez».
Tabaré Vázquez refutó específicamente los argumentos argentinos al señalar que no existe el «daño irreparable» al medio ambiente.
«Los estudios de institutos asesores, dedicados al medio ambiente, han sido concluyentes» y «Botnia no contamina», añadió el gobernante.
