La comisión de Producción de la Cámara de Senadores analizó un proyecto de comunicación del Poder Ejecutivo por el que se proponen monitoreos en los departamentos de la provincia para controlar el uso de glifosato y otros agroquímicos. El texto, que podría sancionarse en una próxima sesión, no gravita como una propuesta de ley, pero plantea al menos la decisión del gobierno de atender una problemática que también se debate en la Legislatura. En el Senado, hay una iniciativa, con media sanción de Diputados por la que precisamente se modificó el uso de plaguicidas en la provincia.
“Lo interesante en este proyecto es que el Poder Ejecutivo sea quien establezca la pelea contra el glifosato”, sintetizó el senador Horacio Díaz (PJ- San Salvador) que es miembro de la comisión y participó en el debate del proyecto del gobierno.
En tanto, el presidente de la comisión, Oscar Arletazz (PJ- Colón) anticipó a este portal que esta semana podrían producirse novedades sobre la ley que modificó Diputados, porque aguardan un informe de la Asociación Siembra Directa, una ONG integrada por una red de productores agropecuarios que fomenta la siembra directa.
El proyecto no abunda en demasiadas consideraciones y por tratarse ser de comunicación, su sanción estaría casi asegurada. De todos modos, en ese recinto también aguarda por su suerte un proyecto de Diputados, impulsado por el peronista Jorge Kerz que fundó su propuesta en base al trabajo de técnicos, talleres y docentes, por el que precisamente se introducen cambios a la ley de plaguicidas. Ese texto, que está despanzurrado, obliga a quien fumigue, a notificarlo 48 horas antes y, para quienes incumplan establece un régimen de sanciones.
En esa iniciativa, se apuntó a modificar el art. 8º de la Ley Nº 6599, con una redacción que dice: “Toda persona que decida aplicar plaguicidas por aspersión aérea o terrestre, deberá tomar las precauciones del caso para evitar ocasionar daños a terceros y/o al ambiente. Previo a toda aplicación que involucre las distancias de seguridad fijadas por la autoridad de aplicación deberá comunicarse en forma fehaciente con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a los vecinos cercanos, juntas de gobierno, destacamentos policiales rurales y establecimientos educativos rurales. Estos últimos se considerarán incluidos en una “Zona de Resguardo Ambiental” determinada por una distancia de cincuenta (50) metros a partir del perímetro catastral del establecimiento donde se prohíben las aplicaciones.
Esos cambios, aprobados en septiembre del 2008 en Diputados, donde hay casi una quincena de textos pronunciándose sobre la cuestión desde el año 1995 a la fecha, podrían no ser los únicos que sufra la ley de plaguicidas ya que senadores, durante una reunión conjunta con diputados, acordaron nuevas modificaciones, aunque aún no hay fecha para conocer el texto definitivo.
Sucede que, además, a esa instancia de debate se sumó otra preocupación como la que atraviesan los establecimientos escolares frente a los cultivos indiscriminados y el uso de los plaguicidas. El disparador de esa polémica fue el senador de Gualeguaychú, Osvaldo Chesini (PJ) quien, después de realizar una recorrida por su departamento junto a funcionarios del área de Juntas de Gobierno, observó un predio escolar sobre el que se realizaron cultivos. El establecimiento en cuestión es la escuela número 29, Salvador María del Carril, ubicada en Costa San Antonio, departamento Gualeguaychú.
Los legisladores expresaron preocupación y pidieron información para conocer si existió autorización para el uso del predio por parte de autoridad competente y en caso de ser así, cuál es la normativa que lo autoriza. Fue en ese marco que se dialogó sobre la necesidad de tomar, para este y otros casos, recaudos en defensa de la salud humana.
El tema, volvió a ocupar la escena con el polémico informe “Carrasco” (Ver relacionadas) aunque aún en la provincia la ausencia de una ley que fije claramente la aplicación de estas sustancias dificulta los controles. Sin embargo, el director de Epidemiología, actual secretario de Salud de la provincia, había opinado que “aunque haya leyes que nos digan a qué distancia hay que sembrar, tenemos que estar muy seguros de saber qué concentraciones de agroquímicos se están usando, a qué distancia de las poblaciones se está fumigando y, sobre todo, si esas fumigaciones son aéreas o terrestres”, manifestó el médico al referirse a la denuncia de vecinos de General Ramírez sobre el procedimiento de una empresa recicladora de bidones de glifosato, que, según la protesta, arroja a la vía pública parte de los líquidos que quedan en los recipientes
“El del glifosato es un tema que a nosotros particularmente nos interesa, pero no sólo este químico, sino cualquier otro que pueda estar en el medio ambiente y que se use en forma indiscriminada o ilegal, en algunos casos. No es nuestra incumbencia (de su Dirección) pero estamos preocupados en ver cuáles son los alcances legales del uso de los agroquímicos, porque sabemos por estudios hechos en otros lugares del mundo, que causan efectos indeseables en la salud”, había dicho Basso.
También en el Congreso
En el Congreso, el diputado kirchnerista Raúl Solanas (Entre Ríos) pidió que se suspenda en todo el territorio nacional por un plazo de seis (6) meses el uso y aplicación de glifosato, se pretende la creación de una Comisión conformada por el Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencia y Tecnología e Invención Productiva, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a los efectos de realizar un dictamen sobre la prohibición o uso y aplicación del glifosato y por último que se determine un órgano de control y seguimiento para la utilización de este herbicida utilizado en la agricultura, pero el texto sigue en estudio.
Fuente: Lt14
