En la iniciativa se solicita el envío a la Cámara “de una copia del convenio firmado” y que se informe “el alcance comercial del mismo” y que además se explique “la razón de la firma, ya que podría ser contrario a los objetivos fijados en la creación de la tarjeta”.
Sobre este último punto Chesini mencionó que en la misma página digital de Sidecreer se sostiene, al presentar los aspectos institucionales, que “los fundamentos trascienden los aspectos económicos para enraizarse, principalmente, en objetivos de índole social. Su meta es ser el instrumento de compra y financiación por excelencia de los empleados públicos provinciales, municipales, de los pasivos provinciales y que, a la vez, esos beneficios alcancen a los empresarios entrerrianos y a la economía regional”.
Para el senador, en la actual coyuntura, cuando se insta desde el Estado Nacional y el provincial a que los empresarios mantengan (con no poco esfuerzo) el nivel de empleo, aparece un convenio “que da un golpe de gracia al pequeño comerciante, favoreciendo a los hipermercados de capitales foráneos que, como está probado en todo el mundo, al instalarse generan mucho menos fuentes de trabajo que las que eliminan en los comercios vecinos”.
Agrega en los fundamentos de la iniciativa que sólo en la década del ’90, cuando desembarcaron en el país cadenas extranjeras, la población ocupada por el sector en la Argentina disminuyó el 33,27%, al pasar de 2.539.302 personas a sólo 1.694.483.
“El acuerdo con SIDECREER profundiza a extremos impensados este desequilibrio, facilitándoles una herramienta financiera que basa su funcionamiento en el dinero que aportamos todos los entrerrianos mediante el pago de los impuestos”, explica Chesini.
Considera que hay en todo esto “una increíble paradoja, cargada de injusticia: esta aspiradora de recursos que gira sus dividendos al exterior, que no se abastece de los productores locales, y que tiene mucho menos empleados por metro cuadrado que el comercio convencional, ahora se asegura que salarios percibidos por los empleados públicos del Estado provincial y municipal vayan a parar a sus locales comerciales, quitándolos del circuito virtuoso que los mismos hubieran iniciado si se utilizan en el comercio local”.
