La actual ley de financiamiento aprobada durante esta gestión y cumplida en todos sus términos vence en 2010, alcanzando los 6 puntos del PBI en Educación. “Discutir una nueva ley nos impulsa, en base al compromiso con el derecho a la educación, a buscar una mayor articulación del financiamiento con una mejora efectiva en la calidad de la educación”, dijo Osuna.
“Mientras algunos se preocupan por incrementar la rentabilidad propia a costa de disminuir sus aportes al Estado, nosotros planteamos trabajar en una ley que asegure y aumente los recursos en educación, y que defina cómo el Estado incrementará su asistencia a las provincias en materia educativa”, añadió la senadora.
La Ley 26075 de Financiamiento Educativo se sancionó en 2005 y estableció un cronograma de ejecución progresivo para incrementar la inversión consolidada en educación hasta llegar en 2010 al 6 por ciento del PBI. A partir de su sanción todas las provincias y la Nación fueron cumpliendo esa meta, a través del mejoramiento de los salarios docentes, la inversión en becas y la construcción y reparación de escuelas.
En esta línea, Maldonado manifestó que la actual Ley de Financiamiento ha sido esencial para mejorar la inversión educativa en los últimos años. “Ha tenido algunos aspectos fundamentales, como la posibilidad de mejorar los salarios de las provincias que estaban más atrasadas del NOA y el NEA y eso ha servido para que se mejorara la oferta educativa en muchas provincias”, valoró.
Luego Maldonado sostuvo que a esta altura, cuando ya esta finalizando su vigencia, entiende que para cumplir lo que indica la Ley de Educación Nacional, que es posterior a la de Financiamiento, “hace falta una nueva ley que sea mas integral y que aporte mayor cantidad de recursos y sobre todo que esos nuevos recursos sean del Estado Nacional”.
