Esta mañana Ballay se reunió con la docena de manifestantes que permanece dentro del establecimiento y había invitado a participar del encuentro a Juan Retamar, el vocero del grupo, quien se negó a ingresar para mantener su protesta en el exterior del inmueble del Estado provincial. “En esa reunión les anticipé a los manifestantes que me veía obligado como funcionario público e instruido por los asesores legales del organismo, a realizar una denuncia judicial del hecho en sí, que es lo que hice, no de las personas que llevan a cabo la toma”, afirmó.
En ese sentido, Ballay desmintió “categóricamente” que haya puesto “un plazo de una hora”, o amenazado “con una desocupación por la fuerza del edificio”, como dejó trascender Retamar por los medios. “La verdad que mi conversación con los manifestantes dentro del establecimiento fue muy amena, sincera y frontal, como en las innumerables reuniones mantenidas a toda hora en los últimos días, por eso me sorprenden los dichos de Retamar, con el cual hasta el momento había mantenido un diálogo franco”, indicó.
En función de ello, el presidente de CAFESG relató ante el fiscal que el 22 de julio próximo pasado, un grupo de más de 60 personas tomó el edificio de CAFESG solicitando, según sus propias palabras, que los legisladores provinciales reglamenten el artículo 24 de la nueva Constitución Provincial, que les aseguraría un subsidio para costear su alimentación.
“Desde ese entonces los manifestantes se instalaron en el hall central y galerías del organismo público, ocupando baños e impidiendo con su presencia el normal funcionamiento de la institución”, manifestó Ballay. El titular de CAFESG identificó como “coordinador del accionar de estas personas al señor Juan Retamar”.
Entre otros considerandos de la denuncia, Ballay argumentó que “desde el miércoles 22 los manifestantes se quedaron dentro del edificio, ingresando colchones y demás elementos, por lo que, en resguardo de los bienes de la administración pública (pues allí funcionan las áreas técnicas, contable y tesorería, entre otras) y de la propia integridad física de los empleados, se tuvieron que suspender todas las actividades administrativas, lo cual continúa hasta el día de hoy con el consiguiente perjuicio que ello acarreará a las arcas provinciales”.
Ballay también comentó que “todo lo actuado hasta el momento fue avalado por unanimidad por el Directorio de CAFESG, con la sola salvedad de la denuncia judicial, decisión que no fue acompañada por los vocales de la oposición, Marcelo Spinelli y Alcides Miñones.
“La toma u ocupación del organismo público impide a los funcionarios públicos cumplir los actos propios de sus funciones. El cese de las actividades es total, lo cual produce un perjuicio evidente a la administración pública”, expuso por último Ballay ante el fiscal, para luego solicitar que este agente del ministerio público “formule inmediato requerimiento al juez de Instrucción”.
