Los representantes de las organizaciones que conforman el Consejo Provincial de Comercio Interior aprovecharon la visita a Gualeguaychú del gobernador Sergio Urribarri para entregarle las conclusiones de un trabajo que vienen realizando desde hace ya unos cuantos meses, referido a la reglamentación de la Ley 9393 llamada ley de hipermercados, que pretende ordenar el funcionamiento e instalación de grandes superficies comerciales.
Ahora, sobreviene otra tarea de peso: que la regulación propuesta logre ser acompañada por los asesores de la Gobernación, para lo cual se ha organizado una primera reunión el martes que viene. Apenas surja el humo blanco, el mandatario firmará el decreto, según prometió.
El borrador entregado tiene algunos puntos salientes. Por ejemplo, establece el requisito de una Autorización Especial para la radicación de nuevos hipermercados ó cadenas de comercialización. Y establece que la audiencia pública que tendrá a su cargo el análisis del impacto socio-económico, laboral, urbanístico, ambiental y de todo otro aspecto que resulte pertinente, deberá ser lo suficientemente representativa.
También se sugiere que para las Grandes Superficies Comerciales se aplique una alícuota de los Ingresos Brutos del 5,5 %, que surge de agregar una sobretasa del 2 % al 3,5 % usual.
Al mismo tiempo, se propone que haya excepción impositiva de Ingresos Brutos para las Redes de Compras, es decir, para la asociación de todas aquellas agrupaciones empresarias sin fines de lucro que tengan por único objeto la adquisición de mercaderías para la venta mayorista a los propios asociados, los comercios minoristas.
Asimismo, se crea el Fondo de Reconversión del Comercio Minorista destinado a financiar programas de asistencia técnica, capacitación, innovación tecnológica, transformación y modernización del comercio minorista. El Fondo se constituirá con el 50 % de la recaudación correspondiente a la sobretasa de Ingresos Brutos (2 %) aplicada a las Grandes Superficies Comerciales.
A su vez, para las Grandes Superficies Comerciales se establecen las siguientes restricciones, obligaciones y acciones: a) estará prohibida la venta y despacho de combustibles líquidos y gaseosos; b) deben funcionar dentro de un máximo de setenta y dos horas semanales, comprendido de lunes a sábado y con un horario tope de cierre a la hora veintiuna de cada día; c) estarán autorizadas a funcionar hasta un máximo de un día feriado, Nacional o Provincial, o un domingo cada dos meses; d) tienen que proveer un espacio dentro del recinto de ventas para que los proveedores locales exhiban y vendan sus productos; e) deben cumplir las Leyes de Lealtad Comercial, Defensa de la Competencia y de Defensa del Consumidor.
De todos modos, la regulación propuesta no afecta a todas las actividades comerciales locales que puedan contar con grandes superficies, pues está expresamente aclarado qué comercialización y tipo de productos están incluidos en la ley.
Conforme
“Desde APyME hemos venido bregando por la puesta en vigencia de algún instrumento legal que aporte un mínimo de compensación a los desequilibrios que introducen las macro empresas en la actividad económica de las ciudades y, por ende, de la provincia”, cita la entidad en un documento. La asociación ha sido parte activa de todo el trabajo que derivó en el proyecto de regulación. “Desde el 6 de marzo de 2002, fecha en que fue sancionada dicha ley, hemos venido luchando por su reglamentación ante la indiferencia de algunos y la pasividad de otros y sin obtener respuestas de los funcionarios de turno”, refiere. Para la entidad, “hoy, hemos dado un importante salto cualitativo en esta lucha porque además, hemos fijado fecha con nuestro Gobernador, para anunciar la puesta en marcha de este instrumento imprescindible para la reparación histórica de la Pymes entrerrianas. Establecimos que dicha fecha será el 21 de agosto en ocasión de realizarse en la ciudad de Gualeguaychú el 5º Encuentro Internacional de Empresas Pymes del Río Uruguay”. Mediante un comunicado, se expresa que “APyME ha realizado numerosas reuniones con los sectores involucrados desde que se impulsó esta norma que intenta proporcionar un marco de equilibrio para el funcionamiento más justo de las relaciones económicas”. Es sabido que las PyMEs son las responsables de generar el mayor porcentaje de empleo en la provincia y el país. Esta normativa que ha sido elevada, precisamente, propone regulaciones que permitirán a las pymes afianzar su funcionamiento y por ende, el sostenimiento de los empleos que generan. Aclara la asociación que “en cuanto a las megaempresas no tienen porque verse afectadas en su planta de personal, y tampoco la reglamentación de la ley es retroactiva”.
Fuente: El Diario
