Las conversaciones todavía no han concluido, aunque según el propio Rodríguez Signes le dijo a El Diario, Federik estaría dispuesto a asumir esa tarea, el único camino para recuperar vastas extensiones de tierra que, por usos, costumbres y desatención, han sido usufructuadas por años por particulares para realizar actividades de ganadería.
De acuerdo a un informe producido por la Secretaría de la Producción, en el Delta Entre Ríos posee un total de 190 mil hectáreas, distribuidas en los departamentos Diamante (1.200 has), Victoria (132 mil has), Gualeguay (45 mil has), Islas (7.500 has), La Paz (1.800 has), Paraná (1.000 has) y Uruguay (1.500 has).
Claro que no toda esa extensión de territorio sigue bajo el dominio público, sino que en los últimos años empresarios ganaderos de las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe se han ido apropiando de vastas extensiones de tierra, amparados en huecos de la legislación. Según un documento elaborado por la Dirección de Administración de Tierras Fiscales de la Secretaría de la Producción, en el departamento Victoria, de las 132 mil hectáreas propiedad del Estado provincial, hay 50.507 hectáreas apropiadas por particulares.
Y en el departamento Gualeguay, de dominio público son 45 mil hectáreas, pero por alguna razón los parcelamientos que han efectuado agrimensores involucran 58.500 hectáreas.
Según Juan Carlos Flematti, titular del área, «de los 70 predios propiedad del Superior Gobierno, 56 de ellos se encuentran mensurados con la finalidad de adquirirlos por prescripción adquisitiva”.
POSTURA. En agosto de 2008, el fiscal Rodríguez Signes hizo un dictamen que es la base de la estrategia que se ha dado la provincia en materia de tierras fiscales en disputa con particulares. Rodríguez Signes entiende que las islas del Delta son «bienes públicos» del Estado, «es decir, entre los denominados bienes del dominio público el Estado, ya sea nacional o provincial».
«Sin perjuicio de la teoría a la que se adscriba respecto de la propiedad de los bienes de dominio público (para algunos pertenecen al Estado y para otros, al pueblo), los bienes del dominio público no integran el patrimonio de los respectivos Estados, en el sentido de hacienda estatal o fisco, el cual sólo está compuesto por los bienes privados del Estado», fijó en su dictamen.
Con esa característica, las islas del Delta poseen dos características definitorias, según el fiscal, son «inalienables» e «imprescriptibles». Y por eso adhirió a la teoría que considera inconstitucionales «a las leyes locales por medio de las cuales se hubiera autorizado la venta de islas o parcelas de islas del dominio público provincial». Y por eso se mostró partidario de «revisar» los títulos de propiedad otorgados a particulares en el Delta, obviando aquel principio de «inalienabilidad».
El cálculo oficial sostiene que hay unas 100 mil hectáreas de dominio público que fueron apropiadas irregularmente por privados en el Delta. Y Rodríguez Signes dice estar dispuesto a accionar judicialmente para recuperar propiedades cuyos títulos de propiedad estén viciados de alguna manera.
PLEITOS. De igual modo, los particulares que están establecidos en las islas del Delta desde hace décadas también han dicho su parte en el pleito que ahora enfrentan con la Provincia. De acuerdo a datos oficiales, el Estado provincial enfrenta al menos 18 juicios entablados en distintos juzgados por parte de particulares que pretenden apropiarse de tierras fiscales.
La figura legal a la cual se apela es el juicio de usucapion, también conocida como prescripción adquisitiva, un modo de adquisición que prevé el Código Civil.
El Código consagra dos clases de prescripciones adquisitivas: la de 10 años o brevi manu y la de 20 años o longa manu. Esta última es la que se opera por la posesión continuada de una cosa con ánimo de tenerla como propia durante el tiempo preseñalado, al cabo del cual se considera al poseedor como propietario, aún cuando no exista buena fe de su parte y su posesión sea ilegítima, dicen los abogados.
Por esa vía, la Provincia ya no controla 100 mil de las 190 mil hectáreas de tierras que posee en la zona del Delta, en los departamentos Victoria y Gualeguay, por cuanto fueron apropiadas por particulares e inscriptas en la Dirección de Catastro. Algunos, incluso, han iniciado juicios de usucapion contra el Estado, uno con sentencia contraria a los intereses del fisco, y que en forma global involucran unas 25 mil hectáreas.
La Fiscalía de Estado defiende la tesis de que los juicios de usucapion sólo pueden darse entre particulares: alguien que toma posesión de un terreno, y que lo utiliza como propio, asumiendo todas las obligaciones, incluso impositiva. Pero que no caben en la apropiación de bienes públicos, como las tierras fiscales.
QUIEREN QUE LE DEVUELVAN UNA ISLA
Los descendientes de Oscar Eduardo Ten Brink han iniciado una serie de reclamos contra la Provincia en procura de conseguir la «devolución» de una isla ubicada en el Delta de Victoria que, aseguran, fue adquirida de pleno derecho en el año 1979.
Se trata de una extensión de 221 hectáreas, ubicada frente a la localidad de Puerto General San Martín, próxima a San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe.
Carlos Ten Brink, hijo del propietario, ya fallecido, sostiene que hubo un trámite irregular de traslación de dominio al Estado entrerriano, mediante un mecanismo que todavía nadie se explica cómo ocurrió, aunque en medio hace intervenir a un dirigente político de la vecina provincia.
Ayer, Ten Brink estuvo en Paraná para recorrer distintas reparticiones del Estado, aunque se volvió a Santa Fe como vino: con las manos vacías.
De todos modos, contó, ya su hermana, Sandra Ten Brink, giró una carta documento a la Dirección de Catastro, por medio de la cual intimó al organismo provincial que le informe «la ubicación de las islas propiedad del señor Ten Brink». Y advierte que de no contar con esa información, «accionaré por la vía legal que corresponda».
