En suma, Urribarri no se dio por aludido. A su juicio, los dichos del párroco “no se referían a nada puntual en relación al gobierno provincial”. No obstante, ofreció una sustancial definición para el archivo periodístico: “Debe quedar claro que los ciudadanos que reciben asistencia social nada le deben al gobierno y esa asistencia en nada debe afectar su libertad de juicio”.
Al entender que “de esas observaciones comienzan a desprenderse interpretaciones equívocas” consideró necesario “hacer ciertas aclaraciones que en modo alguno implican desmedro a la labor periodística y la libre opinión”.
“Mi gobierno –dijo Urribarri en un comunicado enviado a el Diario- no tiene tintes clientelistas, de hecho hemos informatizado todos los planes sociales y a partir de ello se garantiza que los programas lleguen correctamente a sus destinatarios. Es más, hemos pagado costos políticos por ello”.
Aseguró también que la gestión que encabeza “no utiliza situaciones de pobreza para obtener beneficios de ningún tipo y nadie puede decir que esa aberración sea una política de este gobierno. Yo creo que los dichos del párroco fueron una referencia en todo caso general y no se refería a nada puntual en relación al gobierno provincial”.
No dudó Urribarri en calificar al clientelismo político como una “aberración”, un “flagelo”, una “actitud que ataca la dignidad del ciudadano”.
“La asistencia social, en cambio, es un deber que el Estado debe cumplir ante situaciones extremas de carencia de esos mismos ciudadanos. El límite es un límite moral y el gobierno provincial lo respeta. Sin perjuicio de lo cual pueden existir hechos aislados de estas deformaciones que el gobierno ya ha demostrado con hechos que, ante su conocimiento, está dispuesto a combatir con sanciones y tecnología”, distinguió.
“El punto es que también es cierto que el justicialismo es la fuerza política que nunca se distrajo en atender la situación de los más pobres de la sociedad. Y eso es una realidad y un mérito”, indicó el mandatario.
En cualquier caso, para Urribarri “debe quedar claro que los ciudadanos que reciben asistencia social, nada le deben al gobierno y esa asistencia en nada debe afectar su libertad de juicio”.
“Nosotros le vemos siempre el lado positivo a las cosas. Así que tomamos las palabras de la Iglesia como una advertencia que, en todo caso, nos impulsa a un nuevo desafío de mejorar los sistemas asistenciales para ligarlos más a la salud y a la educación que es algo en lo que, reconocemos, hay mucho por avanzar todavía”, completó.
