En un mismo día dos protesta. Por un lado, los trabajadores judiciales exigirán un aumento salarial, mientras que los magistrados y funcionarios buscarán que el Gobierno no adjudique al Poder Judicial la responsabilidad sobre la inseguridad.
La inédita concentración, que se hará en todo el territorio nacional, es impulsada por la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) a raíz de los duros cuestionamientos que hizo el Gobierno nacional hacia los magistrados.
Hechas las críticas, la FAM hizo su descargo y recordó que la misión fundamental del Estado Nacional, “desde el propio Preámbulo de la Constitución Nacional”, es la de “afianzar la Justicia” y “asegurar los beneficios de la libertad en toda la República.
PROPUESTAS. Bajo el título de “propuesta”, la FAM advirtió que la “gravedad de la situación” de inseguridad “impone la urgente creación de un Fondo Estructural para la agilización de la reforma judicial y de planes adecuados de seguridad en las provincias, que les permitan desarrollar con mayor impacto las medidas”.
“Si la seguridad y la justicia importan, no debe serlo sólo para la crítica, sino para posibilitar soluciones. El modo de hacerlo, sin violentar el diseño federal, es con un fondo compensador, o de desarrollo de políticas en seguridad y justicia, que puedan ser utilizado por las provincias, con finalidades específicas en medición de resultados”, explicó la FAM.
Al analizar la situación, la entidad que nuclea a los magistrados del país, recordó que “el sostenido aumento de los casos judiciales, penales de todo tipo, afligen hoy a la sociedad, prisionera entre el miedo y la impotencia. También la Justicia padece la situación, atravesada por realidades cada vez más difíciles de gobernar”.
En ese sentido, se indicó que “Argentina produce más de 4.000.000 de conflictos que se judicializan por año. De ellos, una cifra cercana a la mitad, se trata de asuntos penales. Con esta cantidad de casos, no puede convivir la población ni el sistema judicial, se haga con él lo que se haga. Las cárceles en todo el país están superpobladas, las leyes penales fueron endurecidas y la situación no cambia”, se acotó.
Por esa razón, se propuso “poner en valor la ley”, para lo que cuál los magistrados y funcionarios del Poder Judicial creen que se debe reducir “entre todos, la cifra de conflictos con un nuevo pacto respecto de la vigencia de la ley y el respeto por los derechos del otro, los que no pueden quedar librados a la sola acción del control estatal con sistemas judiciales y policías desbordadas”.
Para la FAM, poner en valor la ley, debe ser una tarea ciudadana, pero para lo cuál la política “debe liderar los procesos de cambio con planes urgentes y concretos que incluyan educación y participación.
Asimismo, se propone una justicia simplificada, es decir aceitar los procesos que permitan una resolución de los conflictos evitando la intervención judicial. Por esa razón, se cree necesario establecer acuerdos inter-poderes e inter-jurisdiccionales “que posibiliten la instalación de nuevos jueces, con base edilicia y apoyatura en delegaciones municipales, que puedan actuar con procedimientos simples, concentrados y orales, privilegiando el acuerdo y la restauración para desplazar el largo y engorroso combate judicial propio de los asuntos complejos”.
Fuente: El Diario
