Según un informe elaborado por la Federación Agraria –del que hace uso la senadora en los fundamentos que acompañan el proyecto el 10% del territorio nacional está en posesión de extranjeros, lo que constituye una superficie de 270.000 kilómetros cuadrados (27 millones de hectáreas).
Aún con esta impresionante cifra, en la Argentina no existe una legislación que regule la compra de tierras por parte de los extranjeros. Y son varios los proyectos que buscaban una limitante los que han desfilado sin suerte por ambas Cámaras del Parlamento.
De hecho, la propuesta de Giusti ya había ingresado en la Cámara alta en el 2007 pero, por falta de dictamen en la Comisión de Legislación General, perdió estado parlamentario.
Si se aprobase la medida, no habrá consecuencias para quienes ya hayan adquirido propiedades y sólo regirá a futuro. Es decir que los extranjeros que posean tierras, aún si superasen estos porcentajes, no se verán afectados de manera alguna, ni correrán riesgos de ser expropiados.
En el texto se aclara: “El objetivo de la presente ley no es el de prohibir que los extranjeros inviertan en nuestro país sino que se les ponga límites y condiciones razonables”.
En los fundamentos que acompañan el cuerpo de la norma, se destaca en otros países también hay limitaciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. En brasil, por ejemplo, en cada municipio un extranjero no puede tener más del 25% de las tierras y al igual que en Guatemala los extranjeros necesitan autorización del Estado para hacer ese tipo de adquisiciones.
También hay leyes que ponen un tope en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, México, Corea del Sur, Dinamarca y Noruega, entre otros.
FEDERACIÓN AGRARIA.
Pablo Orsolini, el vicepresidente de Federación Agraria explicó a Buenos Aires Económico que a pesar de numerosos intentos no se ha podido avanzar en una legislación que limite la compra de tierras por parte de los extranjeros.
“Nosotros presentamos un proyecto para limitar y restringir la venta de terrenos a extranjeros. Hoy hay 27 millones de hectáreas en manos extranjeras y vemos que hay una gran concentración”, dijo preocupado.
Y añadió: “En el 2002 enviamos un proyecto, que fue presentado por Elisa Carrió, en el cual propusimos límites para que las personas residan en el país, no que sea un negocio meramente inmobiliario, que fuera para trabajar las tierras, para explotarlas.
Según indicó Orsolini, la iniciativa estuvo en comisión dos años, dejó de tener estado parlamentario y volvió a ser presentada por José María Díaz Bancalari.
“Hemos tratado pero hasta ahora…”, sostuvo con un tono de resignación.
Y esbozó una explicación: “Debe haber algunos intereses que frenen la sanción de estas leyes. Supongo que muchos legisladores, cuando llegó el momento de tratar el tema, tenían intereses creados con empresas extranjeras, no hay otra posibilidad”.
UN PROBLEMA DE NÚMEROS
La iniciativa deja algunas dudas. En principio, no aclara si la limitación del 2% se trata de la totalidad de las tierras que posea una misma persona o si es para una única compra.
Si se tratase de una única operación inmobiliaria, sería altamente improbable que alguien esté en condiciones de adquirir una tierra de esas dimensiones. Por ejemplo, el 2% de las tierras de Chubut equivales a4.500 kilómetros cuadrados, o sea 450.000 hectáreas.
Como para tener una idea de extensiones, el Parque Nacional Los Alerces (Chubut), posee una superficie de 263.000 hectáreas. O sea que quien quisiera comprarse una parcela de casi dos veces el tamaño de esa reserva natural, no estaría violando la ley. Es más, la propiedad de la familia Benetton en esa provincia es de 900.000 hectáreas (9.000 km2), es decir, el 4% de Chubut. Pero estamos hablando del mayor latifundista privado del país y cuesta trabajo creer que en el futuro haya compradores que puedan adquirir propiedades de la mitad de esta dimensión.
En otro orden, la norma no aclara qué ocurrirá en caso de bienes que, por su ubicación, se encuentren en dos o más comunas o municipios.
Fuente: Buenos Aires Económico
