Desde el gremio se sostuvo que se requiere de la “valentía” de los representantes en el ámbito nacional, a través del Fondo Federal de Salarios, que “todos los trabajadores estatales puedan acceder a un modo de vida digno”
En cambio, aseguraron que el posicionamiento de enfrentamiento hacia sectores que son vulnerables, adoptado por el Gobierno entrerriano y los municipios de extracción Justicialista, “vaticina un año con muchas dificultades, tanto para los gremios municipales como provinciales, dado que la pérdida del poder adquisitivo sufrida por el sector estatal en el año 2008 es de alrededor del 30 %”.
En agosto de 2008, dirigentes nacionales y provinciales de la Asociación Trabajadores del Estado mantuvieron distintas reuniones con el gobernador y los intendentes de Paraná, Concordia y Puerto Yeruá. Allí se presentó el Proyecto de Ley de Fondo Federal de Salarios, presentado ante el Congreso Nacional, por el Consejo Directivo Nacional de la ATE al cual adhirieron mediante ordenanza, los municipios de Concordia y Puerto Yeruá.
El Fondo Federal de Salario permite fijar un piso salarial para toda la administración pública nacional, provincial y municipal, asociado a los costos de vida de cada lugar. La acción federal persigue el cumplimiento del principio constitucional (artículo 14 bis) que garantice a todos los trabajadores el derecho a un salario mínimo digno y a recibir igual remuneración por igual tarea. Debe ser financiado por el Presupuesto nacional con partidas específicas.
ATE sostiene que debe existir un salario mínimo que sirva como piso salarial para todo el país, cualquiera sea la actividad de cada trabajador, y que cubra las necesidades de alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. “Este año, el Consejo del Salario fijó una suma de 1.200 pesos para el salario mínimo. La CTA, no aprobó esta cifra por considerarla insuficiente, y propuso en aquel momento (junio 2008) que ningún trabajador perciba un salario menor a 1.572 pesos”, sostiene la nota.
El gremio de los estatales denunció y enfrentó en la década del 90 lo que denominó el «desguace» del Estado Argentino. Esto significó no sólo la privatización y desnacionalización de todas las empresas públicas y el desmantelamiento de los organismos públicos nacionales (reduciéndolos a su mínima expresión cuando no a su disolución), sino que también la transferencia de funciones del Estado nacional a los estados provinciales y municipales sin el financiamiento necesario.
“El Estado nacional tenía, antes de los 90, cerca de 1 millón de trabajadores. Hoy tiene, incluido las FFAA, apenas 300.000. Mientras que hoy las provincias tienen 2 millones de trabajadores y los municipios cerca de 1 millón. En 2007 todas las provincias (excepto Tierra del Fuego) disminuyeron – en términos porcentuales – su gasto en salarios, en comparación con lo que destinaban en 1992 y 2002. Pese a tener más recursos las provincias gastaron menos en salarios. Mientras la recaudación sube por ascensor, los salarios lo hacen por escalera”, señala la nota.
“El cuadro se agrava si tomamos en cuenta lo que reciben las provincias por Coparticipación. Según la ley, deberían recibir el 56,66 % del total de impuestos recaudados por la nación. En 2007, recibieron el 33,05 %”, se señala más adelante.
“Lo expuesto no implicó mejoras para los trabajadores del Estado Nacional. Por el contrario, en 2007, la Nación destinó al pago de salarios el 16,1 % de sus ingresos, mientras que en 1992 destinaba el 32,4 % y en el 2002, el 21 %”.
