Santana aseguró que la adhesión debía ser aprobada rápidamente para que no hubiese trabas que impidiesen la llegada de los recursos que dejará la exportación de soja a los mercados internacionales.
El dinero que el Estado nacional envía debe destinarse a tareas de infraestructura social, viviendas, escuelas y cloacas, entre otras obras. El edil, consultado sobre el control que deben ejercer para evitar que el dinero se desvíe al pago de salarios o gastos de funcionamiento, respondió que es “bastante difícil saber y más no teniendo la información completa si esos fondos se destinan a eso”.
Para ello, la única forma es controlar la ejecución del presupuesto a través de los pedidos de informes que pedirán más adelante. “Lo que pasa es que la información te puede tardar hasta 180 días y es difícil analizarla después de un tiempo largo”, precisó. Y luego consignó: “es bastante difícil saber a que se imputaron ni bien esos fondos llegaron”. De cualquier forma, indicó que no creía que haya desvíos porque “se estaría violando una norma superior”.
Medidas preventivas
Los concejales también refrendaron un proyecto de ordenanza de 27 artículos que promueve acciones preventivas para evitar la aparición de casos de dengue en la ciudad. Entre otras acciones, el Concejo exhorta al Ejecutivo a efectuar medidas de control y de educación. Entre las primeras, se faculta a revisar viviendas deshabitadas, baldíos, establecimientos públicos y privados, negocios que almacenen cubiertas de autos o chatarra a la intemperie o acopien botellas. “Se prevé el ingreso de personal sanitario a las viviendas y se pide la cooperación de toda la ciudadanía”, aseguró.
“Es muy difícil establecer los límites en los cuales la municipalidad puede o no puede intervenir. Obviamente que no puede intervenir en la propiedad privada pero a través de ordenanzas y en determinados casos, el Ejecutivo puede determinar el ingreso y disponer sanciones”, señaló el edil. En el caso en que no haya cooperación de los vecinos, se establecieron diversas sanciones como apercibimientos, multas y en el caso de los comercios, clausuras.
Respecto de las fumigaciones, Santana indicó que se establecieron pautas para que la municipalidad intervenga donde lo crea necesario como los negocios que acumulen cacharros o en viviendas abandonadas.
Cedieron terreno
El asentamiento precario denominado “Las Palmeritas”, ubicado en 2 de Abril y Boulevard Ayuí fue donado por el municipio al IAPV para que se levanten 80 casas de material a través de las cooperativas de construcción de viviendas. El barrio fue visitado en febrero pasado por el gobernador Sergio Urribarri quien adelantó que el proyecto de la edificación del barrio tenía el visto bueno de la Secretaría de Vivienda de la Nación. Pero antes de comenzar la obra se requiere la cesión del terreno a la provincia.
