En el comunicado a este medio la DGR sostiene que “es falso que no se realicen controles. Si bien la DGR está dando cumplimiento a la reducción de gastos ordenada por el Poder Ejecutivo, las tareas de fiscalización, al igual que las de todo el organismo, se están llevando a cabo con total normalidad” se indicó en un comunicado de prensa.
En este sentido, la DGR aclaró que cuenta con personal de fiscalización en forma permanente en cinco localidades (Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Uruguay y Gualeguay) que cumplen con los planes de fiscalización que regularmente disponen las autoridades de Rentas, con lo que se refutó lo afirmado por ATE en el sentido “que hace seis meses que no se controla, no hay tarea de fiscalización, porque dicen que no hay plata para viáticos”, señalan en la respuesta a una nota que, según este organismo fue publicada por “El Diario” de Paraná.
Muy por el contrario, siguiendo siempre criterios de relevancia fiscal en su accionar, entre los meses de octubre de 2008 a marzo 2009, la DGR realizó 326 inspecciones, que permitieron que personal del organismo determinara deudas por 19.486.000 pesos, pese a que el período estuvo atravesado por el receso de verano de la administración pública, con las consecuentes licencias ordinarias del personal.
“Resulta lamentable que se agravie el buen nombre de todo el personal de la DGR, afirmando -en forma genérica y con sorprendente liviandad- que existen empleados que hace 6 meses que no trabajan” se expresó desde Rentas.
Puestos
Desde la conducción del organismo también se refutó la versión de que esta gestión haya “desactivado” los controles en puestos fronterizos.
“En el año 2004 se tomó la decisión de reformular estos puestos, ya que –como lo reconoce el propio vocero de ATE- las tareas se desarrollaban con total precariedad y con escasa efectividad –fundamentalmente por la carencia de equipamiento informático adecuado- en condiciones inadecuadas para el propio personal que las desarrollaba, lo que ponía en riesgo su integridad física en lugares que carecían de la infraestructura necesaria” se indicó en el comunicado de la DGR.
Según se adelantó, en estos momentos se encuentra en trámite la compra de equipamiento informático, así como de oficinas móviles y fijas, con la correspondiente adecuación ambiental y de seguridad que posibilitará una cómoda atención y prestación de servicios por parte del personal del organismo. Para ello, ya se realizaron las previsiones presupuestarias correspondientes para el corriente año.
“Esto permitirá un sistema eficiente de control de mercaderías en tránsito, para lo cual se trabajará con entrecruzamiento de datos con las jurisdicciones vecinas, tales como la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la API (Santa Fe), con las que se operará en una plataforma común” se detalló.
Adhesión
Desde la DGR se negó que exista baja aceptación al Régimen Especial de Regularización Tributaria lanzado por el gobierno provincial en marzo. “A dos semanas de la entrada en vigencia de la operatoria, y con una austera comunicación, los indicadores son auspiciosos. Se han suscripto más de 7.000 planes de pago, con los que se han regularizado más de 11 millones de pesos en obligaciones impagas” se detalló.
En tal sentido, se destacó la atención a diario de numerosas consultas, pese a las dificultades operativas por las asambleas con retención de servicios que realiza parte del personal.
“Se critica la supuesta falta de adhesión de los contribuyentes al plan, pero cuando en algunas dependencias del organismo los ciudadanos entrerrianos pretenden regularizar sus deudas tributarias, se encuentran muchas veces con la sorpresa de que no son atendidos por protestas gremiales” se lamentó la conducción del organismo.
Desde la DGR se mostró también sorpresa por los cuestionamientos gremiales “a la política impositiva oficial”, que redujo la alícuota para los contribuyentes del Impuesto a los Ingresos Brutos, del 3,5 al 3 %, así como los aportes patronales de la Ley 4.035, “cuando la disminución de la carga tributaria para las actividades productivas -en consonancia con lo que se está dando en otras jurisdicciones provinciales- ha tenido unánime acogida favorable en los sectores económicos entrerrianos”, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.
“En este sentido, se equivoca ATE, ya que no es la DGR la que fija la política tributaria provincial, sino la Legislatura y el Poder Ejecutivo. A Rentas le corresponde solamente la determinación, percepción y fiscalización de los tributos creados por la ley” finalizó el organismo.
