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Comerciantes y representantes de diferentes entidades intermedias protagonizaron anoche la primera asamblea del Comité de Crisis, convocado por el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia.
Por unanimidad, el Comité de Crisis aprobó el borrador inicial de un petitorio que resume medidas para afrontar la declinación económica, y resolvió convocar a una nueva asamblea el miércoles próximo a las 22, con invitación expresa al Presidente Municipal, Gustavo Bordet.
La media hora inicial de la asamblea sirvió para describir los primeros síntomas de la crisis en las diferentes actividades. “En el transporte la caída es del 50%”, expresó un representante del sector. También los madereros no disimularon su preocupación, porque “algunos aserraderos chicos han tenido que cerrar” por una pronunciada merma en la actividad, expresaron.
El gerente de uno de los bancos con sucursal en Concordia hizo notar que ha crecido el número de cheques rechazados, se han cerrado algunas cuentas y hay comerciantes chicos que han devuelto mercadería.
Otro comerciante vaticinó que enero y febrero serán meses muy duros y hay comercios del centro que pagan alquileres altísimos que no se sabe si podrán seguir pagándolos.
“No podemos esperar al pico de la crisis para reaccionar, hay que actuar ya”, fue la frase que abrió una segunda instancia de la asamblea, en la que se debatieron caminos de acción.
El enojo porque “se premia a los que no pagan los impuestos” volvió a hacerse sentir. Se cuestionó especialmente la falta de equidad tributaria en beneficio de las grandes superficies y cadenas comerciales, y la inacción municipal ante el avance hasta hoy imparable y “bochornoso” de la venta callejera ilegal en pleno centro.
Un representante de los comerciantes de la peatonal trajo a colación cuando en 1992 la ordenanza de creación de ese espacio público previó el blanqueo de todos los vendedores callejeros ilegales, alojándolos en el mercado de pulgas de Quintana y Entre Ríos, y la expresa prohibición de que vuelvan a asentarse en las veredas del centro. “Pero ahora hay puestos por todos lados y parece que nadie ve nada, y en el mercado de pulgas hay cerca de ochenta hacinados y es otro Cromagnón en potencia”, se quejó.
“El inspector va, los saca de la vereda, y a la media hora están otra vez instalados”, relataron. El representante de una de las entidades recordó que el Intendente Gustavo Bordet, en una reunión donde se debatió el tema, “dijo que no estaba dispuesto a pagar el costo político de sacarlos”, respondiéndole a un miembro de la AFIP que le había hecho notar que en algunas cuadras “estacionás el auto y no podés abrir la puerta para bajarte”.
“No hay voluntad política. Lo ilegal es legal. Sólo si nos unimos podremos lograr que hagan algo”, arengó otro comerciante, por lo que los presentes asumieron el compromiso de invitar a más gente a la próxima asamblea, a llevarse a cabo el miércoles 17 de diciembre a las 22.
Entre las propuestas de acción, se planteó exigir a las autoridades “igualdad ante la ley”. “Ya que no pueden obligar a los ilegales a que cumplan porque no quieren pagar el costo político, entonces que nos eximan a todos, porque los que pagamos somos los giles”, sentenciaron.
También se habló de iniciar acciones judiciales que pongan freno a la discriminación que padece el comerciante local en comparación con el grupo Carrefour, en el pago de tributos municipales e ingresos brutos. También se habló de la posibilidad de protestar sacando tablones y mesas a la vereda, simbolizando que si no se aplican las leyes, entonces todos se burlarán de ellas públicamente.
Con el compromiso de ampliarlo en próximos encuentros, se acordó un primer borrador del petitorio, que expresa:
• Reforma fiscal y tributaria en la búsqueda de equidad impositiva. Revisión de tasas distorsivas.
• Defensa de lo “local” en lo productivo, en lo industrial y comercial.
• Regular el avance de grupos económicos a fin de evitar la concentración monopólica u oligopólica, imitando las normas que rigen en países desarrollados.
• Eliminar la venta callejera ilegal, poniendo fin al caos existente, que perjudica al conjunto de la sociedad, consagrando la injusticia y la inequidad.
• Mantener el empleo como cuestión de responsabilidad social compartida entre empresarios, trabajadores y el Estado.
