Consideraron que “es irreal” dado que “no se adapta a las condiciones actuales de la economía nacional e internacional, afectada la primera por la notoria incapacidad del gobierno nacional y provincial para aprovechar adecuadamente la bonanza fiscal de los últimos años – por ejemplo para constituir un fondo anticíclico – y la segunda por la crisis financiera y el derrumbe de los precios de nuestros productos exportables”.
Además, convalida los superpoderes porque “contiene numerosas y abusivas delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo, desnaturalizando la esencia de lo que debe ser un presupuesto en un verdadero régimen republicano”.
Al mismo tiempo, no cumple los objetivos básicos de todo presupuesto, “constituir un instrumento de programación de la acción de gobierno, que explicita prioridades de manera congruente. Se declama priorizar el gasto social pero se prioriza en los hechos el pago de la deuda”.
Los legisladores radicales remarcaron que es regresivo. “No contiene ninguna pauta de recomposición del poder adquisitivo del salario de los trabajadores del Estado ni permite vislumbrar ninguna política social universal que apunte realmente hacia la distribución más equitativa del ingreso”, indicaron.
Respecto a la composición de los recursos tributarios, aseguraron que “reitera un perfil distorsivo y carente de estímulos a la producción”. Tampoco responde a un verdadero plan estratégico de desarrollo de la provincia, “del que el presupuesto anual y el plurianual debieran ser su reflejo lógico en el campo de las finanzas públicas”.
Lo consideraron un ejercicio de “política ficción”, porque “nada indica que el Poder Ejecutivo vaya a respetar, como se desprende de las últimas ejecuciones presupuestarias, con escasa ejecución de la obra pública, aumento de la incidencia del gasto improductivo, etc”.
También sopesaron que “abre las puertas a un peligroso aumento de la deuda pública, que en un contexto de suba de las tasas de interés, puede resultar en una hipoteca a futuro difícil de sobrellevar para todos los entrerrianos”.
El presupuesto aumenta la dependencia del gobierno nacional y legitima la crisis del federalismo fiscal. “La dependencia de los recursos tributarios nacionales es cada vez mayor, lo que acota el margen de acción de la provincia a través de su propia política impositiva. Y a pesar de declamaciones sin efecto, no postula nada conducente a la recuperación de las facultades y los recursos de los entrerrianos de los que ilegítimamente se apodera el gobierno central”, señala la nota.
