“Es una injusticia que había que solucionar, sobre todo cuando las reglas de juego cambiaron de la noche a la mañana y el Estado, en vez de proteger a la gente, salió a salvar a las entidades crediticias”, manifestó el legislador.
La iniciativa presentada por Melchiori establece que, “a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se suspenden los trámites de ejecución de sentencias judiciales; de subastas judiciales y extrajudiciales; los desalojos en cualquiera de sus modalidades, aprobados o en trámite de aprobación; y de cualquier otro procedimiento que tenga por objeto el desapoderamiento de un inmueble que se constituya como vivienda única, familiar y de ocupación permanente con la finalidad de saldar una deuda”.
Según indica el artículo primero de la propuesta –consta de 18 y uno de forma-: “Quedan excluidos de este procedimiento los créditos de naturaleza alimentaria, los derivados de la responsabilidad por comisión de delitos penales, créditos laborales y los causados en la responsabilidad civil”.
En cuanto a cómo el deudor debe acreditar el carácter de su vivienda, la normativa indica que serán admisibles todo género de medios probatorios; aunque se tendrá como prueba suficiente, una declaración jurada firmada por quien adeuda evitándose así, que el juzgador le obligue a trámites burocráticos incompatibles con la celeridad del trámite.
En referencia al pago de las deudas, el proyecto de Melchiori establece que, una vez que esté firme la liquidación definitiva de la misma por intermedio de un juez, “el deudor podrá pagar la suma resultante de la misma en el plazo de quince (15) días o pedir el procedimiento de mediación previsto en la ley 9.776 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos-, a fin de convenir con el acreedor, alguna modalidad de pago del total liquidado”.
En el articulado también se considera la refinanciación en cuotas de la obligación originaria y sostiene que éstas, no podrán exceder de un monto equivalente al 25 por ciento del ingreso del grupo familiar conviviente en el inmueble objeto de ejecución.
Finalmente, Melchiori considera en los fundamentos de su proyecto: “Que hay que atender urgentemente la circunstancia real y concreta que, en las numerosas contiendas que sobrecargan los tribunales de nuestra provincia, lo que está en juego es la vivienda única y familiar de un entrerriano que creyó que era el momento justo para mejorar la calidad de vida de los suyos y tomó un crédito, que ahora lo puede dejar sin nada”.
Inmuebles destinado a actividades productivas agropecuarias, comerciales o industriales
El artículo 13 del proyecto presentado por el representante de Islas, también establece “la suspensión de las ejecuciones, subastas judiciales y extrajudiciales; y desalojos -aprobados o en trámite de aprobación-; y de cualquier otro procedimiento que tenga por objeto el desapoderamiento de un inmueble destinado a actividades productivas agropecuarias, comerciales o industriales, siempre que las mismas se caractericen como micro, pequeña o mediana empresa en los términos de la legislación nacional vigente”.
