Un primer recuento hecho sobre la base de las tarjetas puestas en circulación y las efectivamente entregadas, da cuenta que en los bonos Paf en Paraná, sobre un padrón de 9.798 beneficiarios, se retiraron 6.509 tarjetas (67,09 %); no fueron retiradas, 3.192 (32,91 %).
En Concordia, sobre 8.958 beneficios, se entregaron 4.133 (46,14 %); y quedaron sin ser retiradas otras 4.825 (53,86 %). En el sistema Praf, en la capital provincial, con un listado de 4.368 beneficiarios, se distribuyeron 3.678 tarjetas (84,40 %); y quedaron sin ser entregadas 860 (15,60 %). Y en Concordia, de 2.944 beneficios, se retiraron 2.236 tarjetas (75,95 %), y quedaron sin ser retiradas otras 708 (24,05 %).
Ese es el detalle, sobre la base de información que produjo Sidecreer, que el jueves 6 presentó el secretario de Desarrollo Social, José Luis Rodríguez, ante la Fiscalía de Estado.
Durante una entrevista con EL DIARIO, Canosa defendió ayer la bancarización —su implementación, aseguró, le reportó a la tarjeta oficial un ahorro de 100 mil pesos al mes en gastos de impresión y distribución de los bonos—, aunque aseguró que la administración del beneficio es resorte del Ministerio de Salud y Acción Social, y no de Sidecreer.
«Lo que hacemos nosotros es solamente darle sustento comercial y logístico al sistema», aclaró. «Pero el Ministerio —añadió— es el encargado de la administración del programa en general, tanto de los fondos, como de la nómina de beneficiarios, y son ellos los que administran el sistema. Quizá a mí me tocó en todo esto que operen en contra mío, porque soy la parte más débil de este esquema. Me preocupa, pero cuando uno tiene la espada de la verdad, no tiene ningún inconveniente en demostrar lo que hay que demostrar. A la verdad se va a llegar».
En ese sentido, el funcionario dijo que lo que importa no es la licitación que permitió contratar a una empresa de Rosario para distribuir las tarjetas, ni qué monto se abonó, ni por qué no intervinieron empresas locales, sino que «la noticia es otra, y es las presuntas irregularidades que a través de la tarjetización, no de Canosa, no de Giano, sino a través de la tarjeta se han podido observar. Nosotros ahora, antes de entregar un beneficio, exigimos la acreditación fehaciente de la identidad del beneficiario».
—Usted insiste en que hay irregularidades.
—Hay irregularidades, sin dudas. Investigando con gente de Salud, y también analizando nosotros mismos los padrones, hemos detectado irregularidades.
—¿Irregularidades de qué tipo?
—La no coincidencia del documento con el nombre y apellido. Es una irregularidad. Quien incorporó ese beneficiario, no sé con qué criterio lo hizo. Pero ahí, sí, ya es órbita del Ministerio de Salud. No sé qué criterios tenían para distribuir. No sé si hay respaldo documental, no sé si hay copia de DNI.
