Los empresarios ya dieron un primer paso ante el Gobierno en medio de la crisis que sacude a los mercados y que amenaza con arrastrar a la estabilidad laboral como primera víctima de la recesión que se anuncia: pidieron que les bajen la carga impositiva y así podrían evitar una agudización en los despidos en ciernes.
Jorge López, titular de la Federación Económica de Entre Ríos, lo planteó en estos términos: reclamó que el Gobierno analice la posibilidad de que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la principal vía de recursos impositivos del Estado, pueda pagarse “en cuotas”, sin que ello genere mora.
Aunque el dirigente alertó sobre un dato real, y es que muchas empresas ya están aplazando sus obligaciones impositivas debido a un enfriamiento de la economía.
Ingresos Brutos es un tributo clave en las finanzas del Estado entrerriano: según los datos de recaudación de septiembre último que publicó la Dirección General de Rentas (DGR) en su página de Internet, sobre un volumen total de 74,1 millones de pesos ingresados, 48,4 millones, esto es el 65 %, correspondieron a ese tributo.
Pero no es el único pedido que hacen los empresarios: también piden que se evalúe la posibilidad de bajar la alícuota del impuesto, hoy en el 3,5 %.
La Federación Económica hizo un diagnóstico del impacto de la crisis en la industria, el comercio y el agro, y vaticinó que el panorama que se cierne es preocupante: ya hubo cancelación de horas extras en muchas empresas, se está aplicando un cronograma de adelantamiento de las vacaciones al personal, en otras firmas se recurre a las suspensiones, y también a los despidos.
La entidad ya planteó esa situación al gobernador Sergio Urribarri, durante un encuentro que mantuvo hace una semana, y en los próximos días prevé volver a encontrarse con el Poder Ejecutivo para avanzar en una serie de demandas que ya han hecho.
Uno de los puntos que reclaman es la posibilidad de abonar Ingresos Brutos en cuotas; pero también advierten sobre el riesgo que representa que algunos municipios de la provincia estén analizando un aumento de tasas, lo que, a criterio de la entidad patronal, sería contraproducente para la actividad económica.
También, reclaman un ordenamiento en lo que consideran como “aumento” en la venta a través de los circuitos informales, no sólo mediante la venta ambulante sino a través de los denominados tours de compras, y el “menudeo” en las oficinas públicas.
En esa misma línea de solicitar un salvataje en materia impositiva avanzó ayer el presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná, Osvaldo González, quien reclamó una reducción de impuestos como contrapartida a la obligación que se pretende imponer a los empresarios de evitar despidos.
“Si se mantiene esta idea de no despidos o de cautela en no despedir, lógicamente va a ver que ir tomando medidas paliativas desde el lado de la empresa, que tampoco se puede sostener si no tiene ingresos y los egresos son iguales a los de las mejores etapas de nuestra economía”, argumentó.
Dentro de estos ‘paliativos’, González mencionó una reducción de impuestos. Como esto repercutirá en los ingresos fiscales, será necesario “achicar los gastos del Estado y mantener la obra pública”, postuló.
Estado de zozobra
De igual modo, los despidos ya son una realidad, al menos en el comercio local. Según datos que ayer aportó el titular del Sindicato de Empleados de Comercio, Daniel Ruberto, las desvinculaciones de personal suman 14 en las cadenas de electrodomésticos que operan en Paraná.
Frente a esa situación, el gremio acudió a la intervención de la Dirección Provincial de Trabajo, que ya citó a dos audiencias, y prevé realizar una tercera mañana, en procura de poner un freno a los despidos.
De acuerdo a lo que dijo Oscar Balla, titular de Trabajo, lo que se procura es que las empresas asuman el compromiso de mantener un status quo durante 90 días, y después evaluar cómo se sigue.
Aunque descartó que se pueda retrotraer la situación, y dejar sin efecto los despidos ya concretados.
En ese escenario, Ruberto reclamó la intervención del Estado, de modo de instrumentar una línea de subsidios, tal como ocurre en la industria frigorífica, de modo que las empresas no recurran al despido de personal como medida inmediata ante las situaciones de crisis como la actual, según publica El Diario.
Conforman un consejo económico social
La conformación del denominado Consejo Económico Social de Entre Ríos fue uno de los acuerdos que alcanzaron las entidades empresarias, sindicales y el Gobierno tras el encuentro que se desarrolló ayer en Casa de Gobierno.
El organismo estará destinado a definir estrategias para afrontar la crisis, según señaló el secretario adjunto del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, Rubén Bernabé, al término de una reunión.
Bernabé señaló que la reunión con el mandatario provincial “fue muy positiva, pues concurrieron todos los actores relacionados con el sector productivo de la provincia y cada una de las partes expuso cómo los está afectando la crisis”.
En tanto, dijo que el gobernador de la provincia, Sergio Urribarri anunció la creación del Consejo Económico Social de Entre Ríos, que sesionará dentro de 15 días y estará integrado por referentes de los diversos sectores de comercialización de la provincia.
“Pedimos que se instrumente un elemento legal jurídico y administrativo que sirva como contención para los despidos”, expresó y señaló: “La crisis existe sólo para algunos sectores empresariales, mientras otros aprovechan para hacer recambios de trabajadores en detrimento de sus derechos”.
En ese sentido, dijo que el Gobernador “tomó las riendas del asunto”, aunque advirtió que será necesario analizar cómo se desarrolla la problemática. “El ámbito es bueno y tenemos que verlo actuar”, apuntó, en diálogo con AIM.
