“La globalización ha traído como consecuencia la migración, dentro de la cual la trata de personas se ha incrementado notablemente en los últimos años, situación que conlleva graves violaciones a los derechos humanos fundamentales y prácticas crueles, como la coacción, el uso de la fuerza, la amenaza, la humillación, el rapto, la violencia, la explotación sexual, el engaño y el fraude”, reza en sus considerandos la resolución a través de la cual se creó la División Trata de Personas, que responde a lo establecido en la recientemente sancionada ley federal 26.364.
Como antecedente, vale citar el trabajo realizado en la provincia de Tucumán, donde hace dos años se creó un organismo de similares características, en parte tras la desaparición de la joven Marita Verón, presuntamente a raíz del accionar una red de trata que operaría inclusive a nivel internacional. Luego, Gendarmería Nacional y otras fuerzas federales generaron áreas específicas y actualmente están haciendo lo propio policías provinciales como las de Misiones, Santa Fe y Córdoba.
El organismo entrerriano depende de la Dirección de Investigaciones de la Policía, que ya venía mostrando capacidad de acción en este campo, pero ahora cuenta con más y mejores medios para llevar adelante su cometido. Al frente fue designado el comisario principal Victorino Borré.
“Estamos a disposición de la gente que se sienta damnificada o que maneje algún tipo de información y pedimos que se acerquen a nuestra dependencia”, exhortó Borré, quien enfatizó la necesidad de que “la ciudadanía en general brinde información a su Policía si sabe que está o puede estar sucediendo un hecho de esta naturaleza”.
La norma en cuestión fue sancionada en abril de este año y a la fecha solamente se tramita una causa caratulada como “trata de personas” en el Juzgado Federal de Paraná. Es por ello que se trabaja a diario en la distribución de folletería, en primer término en la capital provincial, pero en el marco de un operativo que se extenderá a todo el territorio entrerriano.
Los panfletos que circulan expresan: “Si sabes o sos víctima de captación, traslado de personas, se te limita o priva de la libertad, con o sin engaño, fraude, violencia, amenazas, aun mediando consentimiento, con fines de explotación laboral, sexual, llegando a ser sometido a condición de esclavitud, no sos culpable, sos víctima. Tenés derechos. Comunícate”. Y se dan a conocer las vías habilitadas. Por teléfono, 0343 – 4209225; mediante mensajes de texto al 0343-156222278 y al 0343-154602021; y vía correo electrónico a tratadepersonas.per@gmail.com. La División Trata de Personas funciona en calle Laprida 460, donde también se proporciona información y asesoramiento y se reciben denuncias y consultas.
“El abordaje de este tema supone en muchos lugares ir en contra de prácticas que para muchos sectores sociales están naturalizadas, por lo que se requiere indudablemente de un fuerte compromiso de todas las instituciones que tienen responsabilidad en el combate contra esta forma de esclavitud moderna que ataca los derechos humanos fundamentales de las personas”, precisó Borré, quien informó que desde la nueva División se insta a municipios y juntas de gobierno de la provincia a no proporcionar habilitaciones para whiskerías, bares con alternadoras o comercios con denominaciones similares, puesto que este tipo de sitios son utilizados generalmente por los tratantes para explotar a sus victimas.
“Hay que señalar que la trata no se da solamente en situaciones de prostitución, sino también para el caso de personas que son captadas y explotadas laboralmente, estando incluso privadas de su libertad”, graficó Borré. “Sabemos que en Argentina, de acuerdo a estadísticas elaboradas por distintas ONGs, unas 400.000 personas estarían siendo explotadas con fines sexuales y laborales, pero no se cuenta con datos oficiales en la materia. Ese es otro de los objetivos de la ley nacional, que ahora podremos empezar a cumplir en Entre Ríos”, acotó el funcionario.
Desde la División Trata de Personas también se trabaja a diario en agilizar y profundizar lazos operativos con las demás fuerzas policiales del país, especialmente las de las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Santa Fe, que son los lugares desde donde provienen las mujeres que trabajan en locales nocturnos de Entre Ríos.
Además, para posibilitar la participación del personal en congresos y cursos sobre esta problemática que se realizan en distintos lugares del país, se trabaja en conjunto con la Dirección de Asistencia a la Víctima, que está a cargo de la capacitación de quienes trabajan en el organismo.
Producto de la labor de la Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y de otros organismos intervinientes se realizará en Paraná el 14 y 15 de noviembre el Primer Encuentro Nacional para el Abordaje Integral y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas, actividad para la cual se espera la presencia de algún funcionario nacional vinculado a esta temática.
En el marco nacional
En 2002 Argentina ratificó la Convención Internacional contra el Crimen Transnacional Organizado y su Protocolo sobre Trata de Personas, conocido como Protocolo de Palermo. La ratificación de estos instrumentos conllevó la obligación de adaptar la legislación nacional. Es así que el 9 de abril de 2008 se sancionó la ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, en cuyo segundo artículo define a la trata como “la captación, el transporte y/o traslado, la acogida o la recepción de personas con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de coerción, abuso de autoridad, o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios, aun cuando existiere el asentimiento de la víctima”.
En este marco, la nueva División creada por el gobierno provincial en ámbito de la Policía tiene como misión ser instancia competente para prevenir, investigar, asistir y proteger en lo concerniente a la ley federal 26.364 y articular acciones en conjunto con otros organismos dedicados a la problemática, como la Dirección Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Dirección de Asistencia a la Víctima o la Secretaría de Justicia, en los foros provinciales y federales, con otras fuerzas de seguridad y junto a organismos de competencia federal.
