El acuerdo prevé que el Gobierno de la Nación se hará cargo de realizar la supervisión de las obras, efectuando la asistencia técnica especializada, el contralor de la aplicación de los recursos transferidos, como así también el análisis y aprobación de cambios que se propongan en los trabajos previstos.
Por su parte, el Obispado se compromete a realizar la contratación de los trabajos y conducir la ejecución y dirección de las obras. Asimismo, será el responsable de la administración de los fondos.
El legislador agregó que: «además de la preservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad, este hecho tiene un significado muy especial por lo que representa en sí mismo el edificio de Catedral de San José de Gualeguaychú para toda la comunidad».
Las gestiones fueron iniciadas en 2006, cuando Guastavino se desempeñaba como vicegobernador e impulsadas a partir de la manifestación de interés entre el Gobierno Nacional y el Obispado de Gualeguaychú.
