A la audiencia que dio el equipo técnico legal de Cancillería Argentina asistieron los abogados Osvaldo Fernández, Ana María Angelini, Fabián Moreno Navarro y Luis Leissa. Además, viajaron el abogado Mariano Fiorotto, en representación de la Municipalidad de Gualeguaychù, y Jorge Fritzler, que fue como representante del movimiento social de la Asamblea. Por el equipo técnico legal de Cancillería, la Dra. Susana Ruiz Cerrutti fue quién se comprometió a que, luego de que se hagan las audiencias orales, levantará el deber de reserva y secreto sobre los elementos de prueba que hay en la causa de La Haya, y entonces la Asamblea Ambiental y Ciudadana de Gualeguaychù podrá incorporarlos a la causa que se tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.
El ex diputado radical Osvaldo Fernández dijo “los encuentros con Ruiz Cerrutti nos tranquilizan desde el punto de vista de su solvencia profesional”, aseveró Fernández, aunque reconoció que “quedan algunas cuestiones pendientes que son más de decisión política que de índole técnica”. Por otra parte indicó que en la reunión se les informó que está en marcha un mecanismo de “negociación política” y “un procedimiento de controversia” en el marco del Tratado del Mercosur, el que “Uruguay está violando” al no comunicar los exhortos que envió el juez federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini para que comparezcan a declarar los directivos de Botnia.
En relación al dragado del río Uruguay, “se ratificó lo que nos había dicho el embajador Rodolfo María Ojeda Quintana, de que no se toca el río en el tramo que va del kilómetro 0 al Puente San Martín”, señaló el asambleísta. Además sostuvo que “hay una opinión de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, que formalmente le contestó a Uruguay que ese tramo del río no puede ser objeto de dragado”.
Sobre la posibilidad de un dragado de mantenimiento, el que se haría en el tramo que va hacia el norte, desde el Puente San Martín hasta el puerto de Concepción del Uruguay, la Asamblea solicitó “que se evalúe técnicamente si ese dragado no afectará a las mediciones que se hacen respecto a las sustancias que la papelera arroja al río”.
Finalmente Fernández le dijo a DIARIOJUNIO que la Asamblea suministró a Cancillería “datos de operaciones de importación y exportación de empresas argentinas con Botnia” y en ese marco reiteraron el pedido de que se aplique el Código Aduanero “para que desde Argentina no se compre ni se venda nada que pueda beneficiar a Botnia”.
