El 25 de febrero, el padre de la menor envío la solicitud de inscripción a 5º año donde expresaba que padece de “mutismo selectivo”. De todas formas, aclaraba que desde su ingreso a polimodal, fue asistida por el equipo psicopedagógico de Supervisión Media, y además contaba con apoyo psicológico personal.
El 11 de marzo, la directora de la escuela, Rosana Casarre, y el secretario, Carlos Gatto, le manifestaban mediante nota al supervisor, Juan Castell, que el Consejo Académico de la institución había analizado la solicitud. Al principio, sostuvieron que la institución “se siente comprometida con la integración de alumnos con necesidades educativas”, pero también son conscientes de “la necesidad de contar con docentes capacitados y con una carga horaria acorde a la situación”.
Por lo tanto, la directora y el secretario solicitaban la ampliación de la carga horaria de la asesoría pedagógica, así como también un cargo de vicedirector para acompañar y asesorar al docente en su trabajo de planificación como áulico. Y, además, manifestaban que no iban a incorporar a la alumna “hasta que la institución no cuente con los necesario para realizar este trabajo”.
Por su parte, Castell, mediante otra nota enviada dos días más tarde, les responde que la decisión de no incorporar a la alumna no cuenta con el respaldo del Consejo Académico de la institución ni se adjunta acta alguna que certifique lo actuado.
Además, señala que “no parece sustentable, a nivel de argumentación y menos aceptables las causales que ‘entorpecerían’ la integración”. Es que Castell argumentaba que, más allá de las carencias de nuevos cargos, horas cátedras y gabinete especializado, la Comercio Nº 2 “amerita a través de todos estos años un significativo esfuerzo de integración bastamente reconocido por la comunidad”.
Asimismo, el supervisor si bien admitía la falta de carga horaria para el asesor pedagógico y la asuencia de un vice-rector “desde ningún punto de vista serían argumentos para dilatar, cuestionar o impedir el ingreso de la alumna de que se sabe que pese a sus necesidades especiales, no requiere una ‘escuela especial’, tan sólo comprensión, afecto y aceptación”.
Por último, Castell le advirtió a Casarre que “no puede desconocer que el tutor de la alumna tiene el legítimo derecho de elegir para su hija cualquier escuela de gestión pública de la República Argentina y especialmente a las que corresponden a esta provincia”. Como refuerzo de sus argumentos citó los artículos 14º y 16º de la Constitución Argentina, y el 5º y 9º de la Carta Magna de Entre Ríos. Y revocó la decisión demandando la escolarización en un plazo de 48 hs.
No obstante, el 17 de marzo, desde la escuela se envía otra nota firmada por Casarré, Gatto y la asesora pedagógica, Viviana Popelka, entre otros, donde explican que “en ningún momento se aduce que la institución está negando el ingreso”. Pero insisten con la falta de una asesoría pedagógica con una carga horaria adecuada. “Por si no quedó claro, la institución vuelve a aseverar que no está en condiciones de hacer las adaptaciones curriculares, marcar técnicas y/o metodologías de aprendizajes a los docentes que tendrían a la alumna por carecer de gabinete pedagógico y horas suficientes de Asesoría”, se señala en la nota.
Asimismo, debido a las dudas de Castells respecto del acta que convalide la decisión, envían una copia de la misma con fecha de 10 de marzo firmada por el Consejo Académico.
Incluso, dejan claro que la escuela no desconoce los derechos del tutor pero tampoco desconoce su “autonomía”. Y reafirman que la institución “es la única que puede evaluar la capacidad real de recibir o no a la alumna”. Luego ratifican que no están en condiciones de recibir a la alumna: “situación que fue planteada a los padres y entendieron nuestra posición”.
Por último, el 17 de marzo, Castell, “advirtiendo con preocupación como transcurren los días” desde el inicio del ciclo lectivo, ratificaba que “no existe impedimento de forma o de fondo para escolarizar sin más pérdida de tiempo” a la alumna. Por lo tanto ratificó que la escuela debía proceder a la “inmediata escolarización”.
No obstante, antes o después, los padres optaron por desistir y enviarla al colegio Nacional “Alejandro Carbó”, donde la menor actualmente cursa el 5 º año. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos actúan de oficio para analizar la responsabilidad de las autoridades de la escuela secundaria.
