En ese sentido, el gobierno busca poner fin a las “distorsiones económicas y financieras que afecten los recursos necesarios para el financiamiento de las erogaciones públicas y lograr un mayor equilibrio fiscal en la redistribución de la carga tributaria».
La eximición no se aplicará a los fideicomisos financieros que “se encuentren vinculados con la realización de obras de infraestructura afectadas a la prestación de servicios públicos”.
