Los principales referentes del justicialismo en la comisión de Poderes, como Miguel Carlín (presidente del comité); Rosario Romero y Raúl Barrandeguy, se manifestaron contrarios a que exista una representación directa de ciudadanos en el jurado de enjuiciamiento, un instituto constitucional creado para juzgar la conducta de los magistrados de rango inferior y de todos los funcionarios no sometidos al juicio político.
En una línea intermedia, el también justicialista Julio Federik se inclinó por no incorporarla en forma directa, pero sí incrementar la representación de los legisladores como representantes de la población. Esto lleva a otro debate que también se sostuvo en la reunión de esta mañana: si está permitido cambiar la composición del Jury. Es que la ley 9.768, que habilitó la reforma constitucional, establece que sólo podrá variarse para incorporar la participación popular en el cuerpo.
Los argumentos presentados por Romero, a los que luego se plegaron Carlín y Barrandeguy, se basan en el carácter técnico de las decisiones que toma el jurado de enjuiciamiento, que requieren una formación legal que no estaría presente en el común de las personas. Incluso Barrandeguy llamó a evitar los “humores ciudadanos” movilizados por la prensa que puedan influir en la decisión del Jury.
En el rango de sugestionamientos, Romero apuntó en su segunda intervención que los jueces no pueden ser “juzgados por el humor social”. También respondió una apreciación de los convencionales Hermo Pesuto (Viva Entre Ríos) y Santiago Reggiardo (Coalición Cívica / Partido Socialista) sobre que si hay representación ciudadana en el Consejo de la Magistratura, donde se elige a los jueces, debe haberla también en el mecanismo de remoción (el Jury).
