LA CAUSA
En 1990, el IAPV firma un convenio para la realización de un plan de 5.000 viviendas, destinada a afiliados a distintos gremios de la CGT. El emprendimiento se financiaría con fondos del FONAVI; el Banco Hipotecario el IAPV y la Comisión de Viviendas de la CGT.
A raíz de que el plan no se cumplía y las viviendas no se construían, en el año 1995 la Comisión de Viviendas de la CGT “cedió todos sus derechos” a una firma fantasma llamada “Land Developer SA”. El dato, impresionante, aunque común por aquellos días, es que, esa empresa fue constituida en enero de 1995, o sea, el mismo año de la cesión de derechos. De hecho, la empresa estaba integrada por personas vinculadas a la CGT y al gobierno “menemista”. El otro dato que acumulaba sospechas (salvo para Vilarodona) es que la empresa se constituyó con un capital de $ 150.000, pero, asumieron obligaciones para la construcción de viviendas por casi $ 20.000.000 que era lo que costaba el plan. Aunque Vilarodona tampoco prestara atención en este dato, el plan no se cumplió. No obstante lo cual, la empresa fantasma Land Developer reclamó “mayores costos”, estimándolos en $ 5.000.000 millones, dólares. Todos los organismos técnicos y jurídicos oficiales rechazaron la petición que, como se puede sospechar, no respaldada por prueba ni documental alguna. Es más, algunos dictámenes incluso, sostuvieron que la empresa no era acreedora sino deudora del IAPV.
LA MAXIMA
El fallo judicial responde a una causa iniciada por la (FIA) Fiscalía de Investigaciones Administrativas que no tuvo curso en la justicia penal gracias a las diligencias del juez
Vilarodona que entendió que “no había delito”. A pesar de esto, la Sala Civil del STJ
acaba de emitir este fallo que pone en evidencia al juez de instrucción de Paraná.
Otro “pequeño detalle” que el juez Vilarodona no observó, fue que el 7 de diciembre de 1999, cuando faltaban pocas horas para que Busti entregara el gobierno a Sergio Montiel, el Directorio del IAPV, a marcha forzada, y sin elemento alguno que lo avale, dictó dos Resoluciones, la 2356/99 y 2357/99, disponiendo se paguen $ 4.000.000 a la empresa Land Developer. El pago debía efectuarse “en 24 horas”, es decir, antes que asumiera Montiel. No obstante, el pago, afortunadamente, no llegó a efectivizarse porque ningún empleado ni funcionario de carrera del IAPV quiso poner la firma.
Obviamente que, luego, el gobierno de,Montiel desconoce lo actuado e inicia un juicio tendiente a anular la decisión fraudulenta del I.A.P.V.
Así, el STJ se pronunció después de un juicio que duró varios años, declarando “Lesiva a los intereses del Estado las resoluciones respectivas y los contratos firmados”, los que de tal forma quedan anulados. Entre otros están implicados varios Directores del IAPV, tales como Aníbal Vergara y Joaquín María Venturino, identificados como autores de la maniobra, en rigor, los que fueron denunciados a la Justicia de Instrucción. Pero el Juez Vilarodona dijo que “no había delito”.
Un dato que no debería soslayarse y sobre el que hasta ahora no existen mayores datos es que, al expediente donde se sustanciaba esta causa, tuvo acceso alguna “mano traviesa” que arrancó varias hojas que contenían dictámenes comprometedores para altas autoridades bustistas.
