AYUDA AL CAMPO
Por si lo habían olvidado, los concejales le recuerdan las ayudas del gobierno a ese sector :
Que decir de los más de $ 6.000.000 no reembolsables recibidos entre el 2000 y la actualidad del programa nacional PROINDER por 2041 familias a cargo de explotaciones agropecuarias en asistencia técnica financiera y capacitación de minifundistas, sólo en Entre Ríos?
O del compromiso internacional asumido por el estado Argentino con el BID para obtener U$S 200.000.000 en el 2008 para otorgar créditos en proyectos de inversión agropecuaria? O de los U$ 100.000.000 que en 2008 aporta el Estado Nacional al Fondo de Compensaciones al Sector Agroalimenticio según datos aportados por la propia Sociedad Rural Argentina fondo que además se integra con el dinero obtenido de las propias retenciones al sector sojero?
Los beneficios concedidos por la política nacional y el contexto internacional respecto al sector agropecuario son evidentes. Baste indicar que en la campaña 2002/2003 en Entre Ríos se cultivó soja en 1.047.400 Há, en la 2003/2004 en 1.196.700 Há, en la 2004/2005 en 1.242.811, en la 2005/2006 en 1.302.700 Há, en la 2006/2007 en 1.435.600 Há ¿a que se puede deber esta expansión sojera sino a las óptimas condiciones de rentabilidad?
Que no puede achacarse a los gobiernos electos permanecer de espaldas al campo, queremos recordar que el sector agropecuario fue el principal y más rápidamente beneficiado con la Devaluación asimétrica instaurada por Remes Lemenicoff en 2002, que paga el gasoil a precios subsidiados por el Estado Nacional, al 20% de lo que el Estado (o sea todos) paga para importarlo, al 20% de lo que lo paga su colega uruguayo o brasilero. Debemos recordar que la Provincia de Entre Ríos mantiene avalúos fiscales irrisorios a la hora de percibir el impuesto inmobiliario respecto al valor real y actual de la hectárea. Debemos recordar las fuertes inversiones efectuadas en los últimos años para el mantenimiento de los caminos vecinales, llamados «de la producción» a pesar de que las maquinarias agrícolas y vehículos en general afectados a la producción agropecuaria se encuentran enormemente beneficiados respecto de los restantes vehículos a la hora de abonar el impuesto automotor.
APROBARON
1) Reafirmar que las instituciones del Estado Democrático, cuyos integrantes han sido legitimados por el voto popular, resultan el único ámbito admisible de resolución de los conflictos que se suscitan en la sociedad, renunciando a medidas de fuerza no sustentadas en el estado de necesidad, las que no hacen más que perjudicar el libre desarrollo de las actividades productivas o individuales de las restantes personas.
2) Dado la importancia superlativa que la actividad agronómica reviste para la economía nacional en todos sus tramos, necesariamente deben integrarse al dialogo a los efectos de determinar las políticas respecto al sector, todas las entidades representativas de los sectores sociales y económicos relacionados o afectados, desde aquellas entidades que nuclean la actividad manufacturera de alimentos o maquinaria destinada al trabajo rural, pasando por los transportistas, sindicatos de trabajadores, comerciantes, hasta los propios consumidores.
3) Manifestar nuestra preocupación por el avance del monocultivo de soja, considerando que el mismo, desde el punto de vista ambiental, resulta insustentable y agresivo al medio ambiente y a la salud de las personas; desde el punto de vista social, ha acentuado el éxodo de trabajadores de campo y de pequeños propietarios; desde el punto de vista productivo, ha desplazado o amenazado desplazar otros cultivos indispensables para el consumo humano, resultando así vector inflacionario, y desde el punto de vista de una estrategia de nación, favorece la concentración de la riqueza y de la tierra y pone en riesgo la soberanía alimentaria.
LA MEMORIA…
Los concejales recuerdan que en la Constitución de 1949 desde el peronismo se impulsó la incorporación del que fuera el Capitulo IV «La función de la propiedad, el capital y la actividad económica», cuyos artículos, en lo pertinente, regían: «La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines del bien común. Incumbe al estado fiscalizar la distribución y utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva…» (art. 38); «El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino» (art. 39); «La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social» (art. 40). La creación del IAPI y de la Junta Nacional de Granos, el enorme impulso que recibió la industria manufacturera, el desarrollo de la legislación social, dieron oportunamente muestra de lo acertado de esos conceptos, en un contexto comercial internacional ávido de productos agropecuarios argentinos, similar al de hoy día. La riqueza aportada por el sector primario sirvió entonces para ser traducido en crecimiento económico, diversificación de la producción y distribución palpable del ingreso con justicia social.
