El dirigente socialista opinó que desde el bloque que preside creen y por eso apoyaron a la mayoría en el dictamen -que no fue en unanimidad por una disidencia de la Unión Cívica Radical (UCR)- que «todos los puntos que la CC-PS sostuvo como necesarios para ser incluidos en la normativa constitucional sobre el Tribunal de Cuentas fueron reflejados en este despacho».
Reggiardo señaló que el dictamen se refiere específicamente al nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas. «Que importante es desentrañar quien nombra a los que controlarán. No hay que perder de vista que los nombramientos del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado son efectivamente políticos, y supuestamente, el Tribunal de Cuentas debe controlar a la administración que lleva adelante el gobierno de turno».
El dictamen de mayoría llegó a un punto intermedio, «que es un avance. De los cinco vocales del Tribunal de Cuentas, tres serán elegidos por el Consejo de la Magistratura, es decir, de manera independiente del poder político y lo mismo ocurrirá con los fiscales que serán elegidos de la misma manera y sólo serán removibles en caso de juicio político. Solo queda como nombramientos de origen político los otros dos titulares que representarán uno a la mayoría y otro a la minoría». El convencional aclaró que los dos titulares elegidos de esta manera durarán en su mandato el mismo plazo de la gestión que los eligió.
El convencional explicó que hasta ahora, el Tribunal de Cuentas fue «anodino y poco efectivo» y señaló que cuando esta iniciativa se convierta en texto constitucional «se lo dotará de tres facultades fundamentales. El control previo, que permitirá que antes de los actos de importancia económica en la provincia se cumpla con el ordenamiento jurídico; el control concomitante, que verifica la exactitud de la documentación y las cuentas, y la responsabilidad a los funcionarios que incurran en faltas». Si bien aclaró que al tercer aspecto no se lo denomina «juicio de responsabilidad», ya que a éstos los lleva adelante la justicia y no un tribunal administrativo, el Tribunal podrá atribuir responsabilidades al funcionario imputado.
Reggiardo indicó que los socialistas insisten con los organismos de control, ya que si éstos no existen «ampliamente facultados e independientes del poder político, queda la posibilidad del mal manejo de los fondos públicos. ¿De qué nos vale tener grandes derechos en la Constitución si porque hay malos manejos no alcanzan las partidas para educación, salud, o asistencia social?. Sin control, que lleva a la corrupción y el despilfarro de los fondos públicos, muchos derechos constitucionales se transforman en ilusorios ante un Estado que carece de recursos para atender las demandas de la ciudadanía. Por eso nos satisface la resolución que tomó la mayoría de la comisión de Control del Estado», confirmó.
