En efecto, tal lo informado, la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) cumplió ayer su primera jornada con asambleas en protesta por la decisión del Ejecutivo de otorgar un aumento del 30 % para los miembros del Superior Tribunal y del 20 % para magistrados y funcionarios que ejerzan funciones en el Poder Judicial, pero excluir a los empleados.
En tanto, en declaraciones a El Diario, Carubia, explicó que el aumento otorgado recientemente nunca había sido discutido con los representantes de la Asociación. En tal sentido, el magistrado hizo una reseña acerca de la sucesión de hechos hasta llegar al incremento dispuesto por el decreto en cuestión. “Estábamos en una mesa de negociaciones que compartíamos con AJER y en la que trabajamos conjuntamente. Estábamos trabajando por un incremento general, como había sido durante muchos años. Cuando se ofreció una suma para el mes de enero y otra para abril, nos pareció insatisfactorio porque se nos ofrecía menos de lo que se nos había ofrecido en diciembre y que no satisfacía las expectativas. Entonces se dejaron las conversaciones con el Ejecutivo mientras que AJER continuó y obtuvo el compromiso de un proyecto de ley elevando el nivel de enganche de su escala salarial, con lo cual conseguían un aumento que era para los empleados y no les tocaba a los magistrados y funcionarios. En consecuencia, luego se negoció el aumento para magistrados y funcionarios por otra vía”, sintetizó el Vocal.
Acerca de la posición del Ejecutivo expresada por el ministro de Gobierno, Adán Bahl, en cuanto a que “es un tema que debe analizarse en el ámbito del Poder Judicial” Carubia se limitó a contestar “es una opinión del ministro”.
Obviamente, desestimó contestar a la consulta acerca de si el incremento otorgado encuadra dentro de la legislación vigente. Claro está que en caso de llegar el planteo a la Justicia, eso será lo que habrá que dirimir.
Cabe señalar que la remuneración de los magistrados estaba integrada por un básico, un adicional por intangibilidad y otro por antigüedad. Sobre la sumatoria de los dos primeros se calcula el 70 % a partir del cual se deducen las remuneraciones de los empleados judiciales. El pago ahora en concepto de incompatibilidad, es un nuevo adicional, que no se toma en cuenta para dicho cálculo y motiva el reclamo de los trabajadores que no dejan de cuestionar la “decisión política del Ejecutivo de excluirnos de los alcances del decreto” que dispuso el incremento para vocales del STJ, Procurador, Fiscal General, Defensor General y magistrados y funcionarios que ejerzan funciones en el ámbito del Poder Judicial.
