La norma indica que “el docente no podrá reintegrarse a sus tareas después de haber usado licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento, hasta que la autoridad a cargo del establecimiento en que presta servicios tome conocimiento del certificado de alta extendido por la Comisión Médica Única, único organismo facultado a tal fin”.
Pero el organismo encargado del contralor médico de los docentes está sobreexigido, y la consecuencia es el alargamiento de los plazos para atender los distintos casos. Fue por eso que el Consejo de Educación debió emitir además una disposición transitoria referida a los trabajadores que realizan tareas pasivas.
La resolución 387, del 8 del actual, dispuso “prorrogar con carácter de excepción la resolución Nº 191/07 hasta el 31 de Diciembre de 2008, a través de la cual se autoriza al personal docente en uso de licencia a reintegrarse a sus actividades con el alta médica particular, previa visación en un hospital público o centro de salud de la localidad”.
La cuestión movió a la titular del Consejo de Educación a subrayar la envergadura del porcentaje de licencias docentes. Si bien el artículo 15º de la Ley de Presupuesto establece que “el costo de la planta de personal docente suplente deberá tender a mantenerse dentro del 8% del costo del plantel docente permanente”, ese índice se supera de forma recurrente, y actualmente, según estimaciones oficiales, llega al 11,5 %. Y abulta el gasto en personal suplente.
El Gobierno, a través de la presidenta del CGE, ha mostrado voluntad de reducir el índice de licencias, y para ello procura desprenderse de la Junta Médica Unica, donde los trámites para otorgamiento de altas médicas suelen demorarse más de un mes, y apunta a conformar juntas por departamento.
“Nosotros estamos pagando un mes más de suplentes por demoras en la Junta Médica”, razonó Bar. “Si gastáramos menos en suplentes, podríamos tener un presupuesto mayor y podríamos aumentar el sueldo de los docentes”, completó la funcionaria.
Según guarismos de Educación, existe además una disparidad entre la educación estatal y la privada, que cuenta con subvención del Estado: en la primera área, el índice de licencias alcanza al 11,5 %, y en el otro sistema, es de nada más que el 6,7 %.
