“La Asociación no tiene una postura como tal pero los jueces tomaron esa determinación porque no tenían prestaciones por parte del IOSPER, que siempre está cortada o tiene dificultades en un tema tan delicado como la salud. Entonces decidieron contratar una obra social efectiva para que atienda sus necesidades y las de sus familias”, señaló Seró.
Y acotó: “Si la Fiscalía de Estado interviene buscará que los jueces se vuelvan a afiliar pero nosotros consideramos que no se puede hacer esto de modo compulsivo, como no lo es en todo el país”.
Con relación a las declaraciones de Moreyra -quien opinó que “una simple acordada de la Justicia está permitiendo la desafiliación, algo que ningún empleado común del Estado puede hacer porque hay una ley (Nº 5.480)”- el vocal argumentó que esa norma “en todo caso tendría que cumplirse en todas sus partes”. Y se explayó: “Si vamos a ser tan puntillosos veríamos que en las prestaciones mínimas también se está incumpliendo con la ley”.
“Nosotros estamos absolutamente identificados con el quehacer y la vida de la provincia, entonces desde nuestro propio trabajo somos solidarios siempre, pero pasa que hay cuestiones que atañen a la salud de nuestros grupos familiares que no podemos descuidar en pos de esa solidaridad”, concluyó en diálogo con APF.
