Si la sentencia se confirma, Dorta queda situación de desamparo porque es docente suplente y no cuenta con recursos como para alquilar. “Trabajo de mayo a noviembre; no tengo un trabajo fijo; tengo una cuota alimentaria muy baja y estoy sola con mis tres hijas a cargo”, señaló. Sin embargo, afirmó que resistirá hasta último momento. “Hasta que me saquen de los pelos”, indicó.
Su drama comenzó en agosto de 2005, cuando su marido, José Made, se fue de su hogar. A pesar de trabajar para la empresa Tasa en Masisa, y de tener un taller carpintería “en negro”, según Alejandra, no le pasaba para la manutención de sus hijas. “Estaba embarazada de un mes y medio; no me pasaba un peso; tuvimos que hacer un juicio por cuota alimentaria; tengo denuncias de que entró a mi casa, se llevó los muebles, me dejó sin nada”.
Al mismo tiempo, su suegro la dejó sin agua corriente, tuvo que viajar a Buenos Aires porque una de sus hijas tenía problemas en la vista y el esposo le negaba la obra social. Cuando volvió, se enteró de que la Cooperativa Eléctrica le había llevado el medidor. “No pude llegar a un arreglo para que me lo cedan”, expresó. Sólo contaba con la ayuda de sus vecinos. “La verdad es que no me puedo quejar”, señaló.
Al año de que Made se fue de su hogar, le llegó la sentencia de desalojo. Su vivienda está ubicada en La Paz al 900 (Barrio Pompeya). “Mi suegro nos regaló una parte del terreno para que hagamos nuestra casa”, dijo la mujer, quien vivía en Buenos Aires pero desde 1996 venía todos los veranos a trabajar en la vivienda. En 2002 se instalaron definitivamente con su marido.
Al poco tiempo se enteró de que su marido estaba en pareja con otra mujer, con quien se fue del hogar. En julio de 2006, le ganó un juicio por cuota alimentaria y recibe $ 300, pero “no cubre las necesidades de mis hijas”. Luego de su partida, el suegro y su marido “hicieron un contrato de comodato que nunca existió, siempre fue de palabra, pero yo nunca firmé ese contrato”. Posteriormente, la denuncia por desalojo llega a manos de Urquiza. “Mi abogado, que era Juan Carlos Gallo, nunca presentó de que yo estaba casada, que tenía hijos. Entonces el juez falla en mi contra”, expresa. En la sentencia no se acredita la existencia de las hijas del matrimonio.
En ese momento, Dorta cambia de abogado defensor y contrata a Pablo Lapiduz. El letrado apela la sentencia pero la Cámara Civil confirma el dictamen de primera instancia. “Yo me tendría que ir ya en Navidad”. Desde el momento en que sea notificada, tiene 15 días para irse del hogar.
Paralelamente, tramita una exposición en la Defensoría de Pobres y Menores Nº 3, a cargo de Jorge Maxit. “Ahora lo va a tener en cuenta un Juzgado de Menores, es el Nº 1, del Dr. Rodolfo Jáuregui. Hoy justamente vino una asistente social para ver como vivía, cual era mi situación, que entrada tenía”, expresó.
