Para la promulgación automática hay ocho días de plazo, y al Ejecutivo le quedan menos días hábiles, por lo que deberá sancionarla mediante un decreto con fecha anterior al 10 de diciembre. Pero no hay tiempo para la implementación de la medida. Por lo tanto, quedará en manos de la gestión de Gustavo Bordet. Por ello es que el edil dijo que “no correspondería ni siquiera que este gobierno se ponga a trabajar en el tema”.
Varias cuestiones quedan por definir: la periodicidad de los controles, el aumento paulatino de las exigencias de acuerdo a las necesidades de la ciudad, etc. En cambio, la regulación de la tarifa está fuera de la órbita del Ejecutivo. “Están dispuestas a nivel nacional” dijo Wdowiak. De cualquier forma, señaló que “el problema no va a ser lo que tienen que abonar al momento de la verificación sino poner en condiciones el vehículo como para que pase la verificación vehicular”.
Más adelante, Wdowiak fue enfático al señalar que las unidades de transporte que no aprueben la verificación no podrán circular. “Esa es la exigencia para dar seguridad a los usuarios y a los terceros en la vía pública”, señaló el edil.
La resolución adoptada esta mañana se debe a que la Dirección de Transportes del municipio “no tiene los elementos ni el personal idóneo como para llevar adelante los controles”, según lo admitieron, en varias oportunidades a lo largo de este año, fuentes del Ejecutivo municipal.
