La negociación con la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler) se presenta como la más ríspida por cuanto involucra un gasto mensual que ronda entre los 9,5 y los 10 millones de pesos. Aunque el titular del Iosper, Silvio Moreyra, dice que para todo aumento hay un techo: el presupuesto.
El Iosper es la mayor prestadora de Salud de Entre Ríos: tiene un universo de afiliados cautivos que ronda un tercio de la población de la provincia, y maneja al año un presupuesto de 170 millones de pesos. De ese volumen de dinero, casi el 85 % se destina al pago de prestaciones médicas; el resto, 15 %, lo absorben los gastos operativos, y de entre éstos, el 12 % es un costo inamovible: el pago de salarios.
“En estos momentos, tenemos una rediscusión arancelaria con todos los prestadores. Todos piden algún tipo de aumento en los aranceles. En el caso de las clínicas, a quienes pagamos entre 9,5 a 10 millones por mes, también hay planteos de subas. A nivel nacional el reclamo ronda el 40 %, y aquí en la provincia están pidiendo lo mismo”, dijo Moreyra.
El convenio con los sanatorios, actualmente vigente, vence a fin de mes, aunque el titular del Iosper dice que se va a manejar con los parámetros aprobados con los bioquímicos, sector al cual ya se le acordó una suba. En ese caso, la recomposición fue sólo del 8 %, de acuerdo a lo que le explicó Moreyra.
Clínicas
La discusión por el aumento de aranceles en la salud arrancó a nivel nacional: las clínicas comenzaron a plantear con fuerza aumentos que en muchos de los casos rondan el 30 % a partir de este mes, pedido empujado, argumentan, por la necesidad de hacer frente a los incrementos salariales de los trabajadores de la sanidad que a partir de diciembre han reclamado una suba del 20 %.
Pero en el Iosper aseguran que con los recursos actuales es imposible hacer frente a incrementos semejantes. De todos modos, ya abrieron el paraguas: en los últimos días la conducción de la obra social se entrevistó con el Gobierno para destrabar un pedido de devolución del aporte del 2 % que el Estado dejó de hacer por los jubilados durante la aplicación de la Ley de Emergencia que rigió durante la década de 1990 y parte la actual década, pero que ya perdió vigencia (ver aparte).
Aunque el recupero de esos fondos no soluciona el problema de financiamiento de raíz que arrastra la obra social. En muchas prácticas, el propio paciente debe asumir el pago de la mitad del costo médico.”Esto es así porque al sistema lo termina financiando el enfermo. Esto hay que decirlo descarnadamente: no puede ser que el enfermo financie la obra social. Hay que tener programas preventivos para que la gente no se enferme”, dice el presidente del Iosper.
Así, en un transplante de médula, que tiene un costo de 160 mil pesos, el 50 % del coseguro queda a cargo del paciente. Y como el afiliado usualmente tiene salarios que apenas superan los 1.000 pesos, la solución pasa por los denominados créditos asistenciales: el Iosper el financia en cuotas el pago de esa acreencia. “El 20 % de la recaudación del obra social proviene de los coseguros. Y los paga el afiliado”, asegura Moreyra.
En medio de esas complicaciones financieras, la administración de la obra social tiene sobre sus espaldas la Espada de Damocles: la Ley 9.715, aprobada a mediados de mes por la Legislatura, y que introdujo modificaciones a la orgánica de creación del Iosper. No sólo le creó dos nuevos organismos de control, la gerencia general y una comisión fiscalizadora nombrada por el Ejecutivo, sino que además le impuso la obligación de poner en marcha un plan de “reducción de gastos” tendiente a bajar los costos operativos a un nivel que no supere el 12 % de los recursos presupuestados para cada año.
“El Iosper no podría llegar a cumplir la ley porque el 12 % de los gastos operativos se los llevan los sueldos. Salvo que resolvamos echar gente, no hay forma de achicar los gastos -dice el titular del organismo-. Cuando iniciamos la gestión, los gastos operativos eran del 18,6 %; en 2007, bajamos al 15,9 %, y vamos a cerrar este año con el 15,4 %. Y para el año que viene, prevemos un 14,5 %. Pero esa reducción tiene un límite, porque el 12 % lo llevan los sueldos”.
Quieren recuperar 14 millones de pesos
La conducción del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) presentó el Gobierno la necesidad de aumento del aporte que el Estado hace por los afiliados pasivos a la obra social.
El planteo apunta a recuperar el 2 % que el Estado dejó de pagar durante la década de 1990 cuando estuvo vigente la Ley de Emergencia, y que según las autoridades de la obra social le reportaría un ingreso extra de 1,2 millón de pesos al mes, unos 14 millones al año.
En el encuentro, que se desarrolló el jueves por la noche, el gobernador Jorge Busti se mostró dispuesto a acercar al gobernador electo, Sergio Urribarri, esa preocupación.
Se trata de un reclamo que el Iosper hizo formalmente al Gobierno el jueves último, pero no es un pedido nuevo, según recordó Silvio Moreyra, titular de la obra social: en los cuatro años de la actual gestión provincial el tema ha sido puesto en conocimiento de las autoridades más de una vez. Incluso, hay un planteo judicial todavía no resuelto.
El propósito es que el Estado aporte a la obra social el 6 %, y no el 4% como hace actualmente, y de esa forma equiparar con los porcentajes que ya reciben la Obra Social para la Actividad Docente (Osplad) y la obra social de los viales, Ospavial.
El pedido es coincidente con una medida que empezó a aplicar la obra social a partir de este mes: abrió la posibilidad de sumar como afiliados del grupo primario a los esposos, equiparando así su estatus con el de las esposas. Hasta ahora, las mujeres de los afiliados directos se incorporaban como parte del grupo primario, en cambio los esposos de las afiliadas directas, ingresaban como adherentes y pagaban un 5 % más de aporte personal.
Claro que debido al impacto que ocasionará la potencial incorporación de alrededor de 30.000 beneficiarios, se deberán corregir los ingresos financieros. El cálculo que hacen en la obra social, a partir del cambio que rige ahora, indica que habrá “menos aporte promedio y aumento en la demanda de prestaciones”.
Según los cálculos que se manejan en el Iosper, elevar el aporte patronal del Estado del actual 4 % a un potencial 6 % le aportaría al organismo un volumen extra de fondos mensuales que se estima en 1,2 millón de pesos. Hoy, el ingreso promedio por afiliado en la obra social –sumando aportes personales y patronales— ronda los 43 pesos, aunque en el organismo estiman que esa cifra debería estar en por lo menos 50 pesos.
