La directora del Instituto Provincial de Discapacidad brindó su opinión sobre el caso de la joven discapacitada que quedó embarazada luego de una violación y que una orden judicial le prohibió la práctica de un aborto. La opinión fue enviada a DIARIOJUNIO luego que este medio publicara que el Consejo del Menor o sea el propio gobierno tenía prácticamente secuestrada a la chica violada, pues arrebató a la joven niña del nucleo familiar. Tampoco el Consejo, pese a corresponderle apeló la medida judicial.
Por lo pronto, la esposa del gobernador Jorge Busti dijo que si bien no está a favor del aborto “considero que en los casos en que la ley lo establece hay que realizarlo. En este caso, hay una causa fundamentada y si los padres que serían los representantes legales, acudieron a la justicia y ésta se expidió en forma negativa, no lo comparto”.
Enseguida, se preguntó “¿quién se hará cargo de ese bebé?. Porque por más que defendamos los derechos del niño tenemos que tener en cuenta, el contexto familiar en el cual se desarrolla el problema. Cada situación requiere de un estudio específico y de acuerdo a eso tomar una decisión”.
TODO MUY BIEN PERO…
Es cuando menos llamativo que tanto Cremer, Sra. del gobernador como el ministro de Salud y Acción Social, Gustavo Bordet se hayan manifestado a favor de interrumpir el embarazo tal cual estipula la ley, pero, sin embargo, hasta ahora, ni uno ni otro formuló ninguna presentación judicial de apelación.
Cremer acaba de decir que “no comparto” la decisión judicial de impedir el aborto y Bordet señaló que este es un caso típico de “aborto no punible”
Si la presidenta del Consejo del Menor, Dora Jávega de Garcilazo se escuda en que acata la decisión judicial, podría, si quisiera, apelar la medida. Lo mismo deberían hacer Cremer y Bordet, de lo contrario se trataría de un típico caso de doble discurso. Es decir el discurso va por un lado y la acción por otro.
La única acción que se conoce es la de Garcilazo que, hasta ahora, concomitante con lo más granado del oscurantismo, incluida la jueza, preparan a la joven-niña para ser madre de un niño no deseado y producto de una violación. En otras palabras, lo único que esta garantizando el gobierno hasta ahora, es permitir, una vez más, el no respeto a lo que estipula la ley en estos casos. El ministro y la esposa del gobernador podrán seguir hablando, pero deben saber que eso no garantizará que el derecho de esa joven-niña y de su madre sean respetados.
